El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba este pasado 29 de noviembre de 2010 el proyecto de Ley del Olivar, que amplía las medidas de apoyo de la Junta para asegurar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, principal actividad económica de 250.000 familias en más de 300 municipios. La futura Ley establecerá asimismo el marco normativo para mantener y mejorar el cultivo, facilitar el desarrollo sostenible de los territorios olivareros y fomentar la calidad y promoción de sus productos.
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, subrayaba durante la presentación la relevancia de esta normativa, "única en Europa" para un sector como el olivar, del que ha recalcado su carácter "estratégico" como fuente de riqueza y empleo, elemento de cohesión social, sistema de "alto valor ambiental" y configurador del territorio y la cultura andaluza. El olivar constituye, ha señalado, un sector económico "de primer nivel" para la comunidad, es la principal actividad para la renta de más de 300 municipios y en torno a él viven unas 250.000 familias.
En su elaboración, la normativa ha supuesto un largo proceso de diálogo con organizaciones y agentes del sector, que se ha materializado en la celebración de más de 80 reuniones y jornadas.
El texto, que debe ser remitido al Parlamento para su aprobación definitiva, plantea un doble enfoque de fomento sectorial y de cohesión territorial mediante la aplicación de fórmulas de colaboración público-privada. Entre otras novedades, establece la figura de los contratos territoriales que los titulares de fincas podrán suscribir con la Administración autonómica, a título individual o agrupados por zonas. En estos documentos quedarán definidos tanto los compromisos de los agricultores para mejorar la gestión integral de sus explotaciones en las vertientes productiva, ambiental y social, como las contrapartidas económicas que recibirán por llevarlos a cabo.
Aguilera precisaba que los contratos territoriales de zona se centrarán en el desarrollo de acciones "compatibles y complementarias" con la actividad, pero fuera de su ámbito de explotación económica, mientras que los contratos individuales estarán referidos al desarrollo de acciones productivas dirigidas a la mejora de la explotación.
Para garantizar la cohesión territorial y el mantenimiento de la renta, igualmente novedoso es el reequilibrio que el proyecto normativo introduce en el sistema de ayudas públicas, mediante un reparto asimétrico de los recursos disponibles orientado a facilitar mayor apoyo a los olivareros que más lo necesitan.
En líneas generales, la futura ley plantea dos ejes fundamentales de impulso a la competitividad y sostenibilidad del sector. En el primero de ellos se enmarcan la modernización de las explotaciones de olivar tradicional potencialmente productivas, el fomento del uso del riego para aumentar la producción y la renta, el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas e industriales, el fortalecimiento de los programas de investigación, innovación y formación de nuevas tecnologías aplicadas al olivar, la concentración de la oferta a través de medidas de apoyo al asociacionismo empresarial y el fomento de la calidad y promoción de las producciones. En este último punto, la consejera ha reivindicado la necesidad de "romper liderazgos locales" para impulsar la fortaleza empresarial.
En cuanto al eje de sostenibilidad, el proyecto prevé la ampliación de las políticas que actualmente se desarrollan para mantener la renta de los olivicultores; impulsar la multifuncionalidad y diversificación de explotaciones e industrias; mejorar las condiciones de trabajo, y respaldar el olivar tradicional, el situado en zonas con desventajas naturales, la producción ecológica e integrada y el uso eficiente de los recursos hídricos.
Las medidas de fomento previstas se desarrollarán a través del Plan Director del Olivar, que se aprobará en el plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de la ley y determinará la intervención y la colaboración pública-privada en aquellos territorios en los que la producción de la aceituna o de aceite de oliva es fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la población en el medio rural y la conservación del patrimonio natural.
Territorios del olivar
El documento de planificación, elaborado por la Consejería de Agricultura y Pesca con la participación de las organizaciones más representativas, delimitará estas zonas del olivar de acuerdo con sus distintas tipologías. Con una vigencia de seis años, el plan incluirá un diagnóstico de la actividad y definirá las diferentes líneas de actuación para reforzar la competitividad de las explotaciones.
La aprobación del plan por el Consejo de Gobierno deberá contar con el previo informe preceptivo del Consejo Andaluz de Olivar, órgano asesor de nueva creación que se constituirá en un plazo de nueve meses tras la aprobación de la ley y que estará integrado por 20 miembros, entre representantes de las administraciones públicas y del sector y especialistas en la materia.
Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas y 320.000 explotaciones, concentra la tercera parte del olivar europeo, el 40% de la producción mundial de aceite de oliva (en torno al millón de toneladas) y el 20% de la de aceituna de mesa (400.000 toneladas). Ambas producciones tienen un gran peso en la balanza comercial andaluza, con unas exportaciones que representan el 21% y el 7% del total de ventas de productos agroalimentarios al exterior, respectivamente. El aceite de oliva supone el 24% del valor de la producción agraria regional.
El olivar andaluz, que representa el 60% de la superficie olivarera española, se distribuye por las ocho provincias, con especial relevancia en Jaén, el sur de Córdoba, el noroeste de Granada, el norte de Málaga y sudeste de Sevilla. La actividad vinculada a sus explotaciones genera más de 22 millones de jornales al año.
