La Unión pide al MAGRAMA que no aumente los costes de los agricultores en materia fitosanitaria
La confederación de organizaciones agrarias considera que el R.D. 1311/2012 para el uso sostenible de fitosanitarios "sobrepasa las exigencias de la directiva europea que entrará en vigor en 2014
La Unión de Uniones pide al Ministerio de Agricultura que no añada costes en materia fitosanitaria a los agricultores españoles más allá de los que impone la Unión Europea.El próximo año entra en vigor una nueva Directiva europea que establece la obligatoriedad de aplicar la gestión integrada de plagas en las producciones de vegetales
Teniendo en cuenta que el 1 de enero de 2014 entra en vigor la nueva Directiva Europea, Jose Manuel de las Heras en representación de la Organización ha pedido hoy al Ministerio de Agricultura que no añada nuevas obligaciones que supongan una competencia desleal en materia de fitosanitarios respecto al resto de estados miembros de la Unión Europea. La directiva que entra en vigor obliga a los agricultores a aplicar la gestión integrada de plagas en la producción de vegetales, con el objetivo de introducir un uso sostenible de los fitosanitarios.
La organización considera que en el Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre para el uso sostenible de fitosanitarios, el Gobierno del Estado sobrepasa las exigencias de la directiva europea que entrará en vigor el próximo año.
La Unión de Uniones ya consiguió, en reuniones previas mantenidas con la DG de Sanidad de la producción agraria, introducir modificaciones sustanciales que mejoraron inicialmente los primeros documentos del Ministerio sobre la normativa de fitosanitarios. Por ejemplo, no será imperativo para los agricultores tener un almacén específico con los requisitos de una industria química para almacenar fitosanitarios; así como mayor movilidad con los equipos de aplicación de fitosanitarios dentro de las explotaciones agrarias.
A pesar de las mejoras conseguidas, La Unión de Uniones ha presentado una serie de propuestas para evitar perjuicios a la agricultura española respecto a la del resto de estados de la Unión Europea, ya que antes del próximo 1 de marzo la Comisión Nacional de Fitosanitarios, formada por el Ministerio y representantes de las comunidades autónomas, debe resolver cuestiones como una modificación del Real Decreto, qué explotaciones no necesitan de asesor técnico, cuál será el documento de asesoramiento de las explotaciones que lo necesiten, o la publicación de las guías de Gestión integrada de plagas que deberán seguir todos los productores excepto los de agricultura ecológica.
La organización considera que el sobreesfuerzo que se pide a los agricultores europeos en materia de fitosanitarios que se caracterizan por su elevada seguridad para la salud humana; respeto por el medio ambiente y bienestar animal, sería mucho más positivo para los consumidores siempre y cuando el producto en el mercado se acabe diferenciando claramente de los productos que provienen de países terceros, que no cumplen los mismos requisitos.
En este sentido, la publicación del Real Decreto de 14 de septiembre tampoco fija las bases para que los productos de Europa se diferencien claramente en el mercado de los productos de terceros países, por lo que a la posible confusión de los consumidores se añade un coste adicional para el profesional agrario europeo que tiene que competir con los bajos precios de los productos de estos países.
La Unión de Uniones ha vendió insistiendo reiteradamente y también lo hará en el desarrollo de la nueva Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria en el derecho que los consumidores tienen a conocer la procedencia, características y calidad de los productos.