Boletín Agrario Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural

El debate sobre la idoneidad de los cultivos modificados genéticamente ha vuelto a reabrirse en la capital azteca, tras el anuncio realizado hace unos días desde la SAGARPA en el que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), informaba de su negativa a la solicitud realizada desde la multinacional Monsanto de avanzar desde la consideración de cultivo eperimental a la etapa piloto para los campos de maíz OGM que dicha empresa tiene en el estado oriental de Sinaloa.

Así, han decidido que dichos campos, unas 100 hectáreas, permanezcan en etapa experimental. "Es responsabilidad del Gobierno Federal impulsar la productividad del campo mexicano, pero también es su responsabilidad constatar que las herramientas novedosas que se utilicen para elevar la productividad no afectan negativamente al medio ambiente, la diversidad biológica, la salud humana, o a la sanidad animal, vegetal y acuícola del país, los cuales son bienes tutelados en el marco de la Bioseguridad en México", podemos leer en el comunicado de la Secretaría de Agricultura.

Los principales motivos para negar este permiso son varios, destacando especialmente el elevado nivel de seguridad que otorga la definición como cultivo experimental , siguiendo con lo establecido en la Ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados (LBOGM). "En la fase experimental se hace una planeación profunda de la investigación a efectuar para contestar cuestiones cruciales referentes a la liberación al ambiente de Organismos Genéticamente Modificados (OGM’s) que no pueden resolverse con la información existente", declaran desde la Secretaria de Mayorga Castañeda.

Otro de los principales argumentos para negar el carácter de proyecto piloto a estos cultivos de Monsanto es la consideración de que es necesario seguir realizando estudios en esta fase, como se deriva de lo anterior y que se encargan de aclararnos a continuación. "Como es del conocimiento público, los ciclos agrícolas varían de un año a otro por diversas cuestiones, como el clima o la humedad, por ejemplo, que hacen favorables o adversas las condiciones para la aparición o no de plagas o malezas, es por ello que los técnicos consideran que para tener datos fehacientes del comportamiento de un OGM es necesario contar con un mayor periodo de evaluación o experimentación".

La LBOGM, aprobada en el año 2005 durante la presidencia de Vicente Fox, tiene por objeto "regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola", según se recoge en su Artículo primero. En este reglamento se establecen también las distintas fases de consideración que pueden tener los cultivos modificados. El estado de "programa piloto" denegado al maíz de Monsanto sería un paso previo a la liberalización comercial del producto, como se establece en esta Ley.

Esta noticia es transcendental no sólo dentro de las fronteras de México. Es importante recordar que estamos hablando de la tierra originaria del maíz, el auténtico campo de cultivo experimental empleado por la propia Naturaleza para "desarrollar" este dorado pilar de la Seguridad Alimentaria mundial. Así, la SAGARPA concluye que para avanzar a la etapa piloto, "se considera necesario contar con más información de campo, ya que un sólo experimento -por muy bien que sea efectuado- no aporta datos concluyentes para avanzar a la etapa piloto. Esto es especialmente relevante por ser México centro de origen y de una importante diversidad genética del maíz".

Reacciones de Monsanto

Desde Monsanto alertan de la necesidad de garantizar la "soberanía alimenticia" de México. José Manuel Madero, director general de Monsanto para América del Norte, declara en una nota de prensa publicada en el periódico generalista Informador que "debemos definir cómo ser autosuficientes en la producción de maíz, algodón, soya y trigo; para recuperar la soberanía alimenticia, convertirnos en productores y no depender de otros países". El responsable de Monsanto también alerta que, de producirse en los Estados Unidos una crisis similar a la ocurrida el pasado año en los campos de Rusia, México tendría problemas de abastecimiento, ya que "tiene un déficit de 10 millones de toneladas y si el ritmo de consumo sigue igual al de producción actual, en ese periodo se tendría un faltante de 15 millones de toneladas".

En relación al caso concreto de esta noticia, Madero declara que no encuentran "ningún argumento de [...] Sagarpa y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que nos impida seguir en el proceso, sólo son cuestiones de interpretación". También ha recordado los 70 millones de dólares invertidos por su compañía en México durante el último lustro, así como los casos de otros países iberoamericanos, citando a Brasil, Argentina y Uruguay, que vieron potenciada su economía rural tras adoptar la biotecnología.

Greenpeace se felicita por la decisión

La lectura que relizan desde la organización ecologista Greenpeace de México dista mucho de las declaraciones anteriores. Consideran que, con esta decisión de la SAGARPA, "se fortalece la veracidad de los argumentos técnico-científicos de imposible coexistencia de los cultivos tradicionales con los de transgénicos y el peligro de que se contaminen 13 de las 59 razas de maíz nativo que tiene México". También alegan que las peticiones para implementar cultivos transgénicos por parte de las empresas de biotecnología en México, "carecen de normas de bioseguridad, legislación clara y ponen en riesgo la biodiversidad del maíz criollo en ese estado y en el resto del país", por lo que piden que el resto de solicitudes relativas al cultivo de transgénicos también sean rechazadas.

En el caso del maíz de Monsanto en Sinaloa van más allá, denunciando que "en México aún no se cuenta con una norma oficial mexicana (NOM) que establezca claramente el procedimiento que deben seguir las empresas solicitantes de permisos para siembras experimentales con semillas transgénicas", un "vacío" en la legislación mexicana que, según la organización ecologista, ha permitido a Monsanto presionar al Gobierno para que autorice el carácter piloto de este cultivo, "con mayor extensión territorial y sin medidas de bioseguridad".

Además Grenpeace hace referencia a un estudio realizado en 2006 por un equipo de profesores e investigadores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y de la Unidad de Biotecnología del Campo Experimental Valle de Culiacán-INIFAP, llamado Identificación de transgenes en poblaciones de maíces criollos (Zea mays L.) del estado de Sinaloa. Dicho informe reconoce que sí existen casos de contaminación por maíz transgénicos en Sinaloa, un hecho que alerta sobre la posibilidad de que existan cultivos ilegales de OGM en dicho estado. De las 50 muestras analizadas de maíz nativo, 48 resultaron ser positivas, por lo que hablaríamos de un 96% de muestras contaminadas por trazas de transgénicos.

"En Sinaloa ya se ha detectado contaminación transgénica en variedades de maíz nativo, y a raíz de las autorizaciones de siembras experimentales de 2009, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), reconoció que existen presuntas anomalías en 123 puntos inspeccionados en el estado", recuerdan desde Greenpeace.

En cuanto a las inversiones realizadas por la multinacional en México durante los últimos años, Greenpeace considera que "Monsanto pretende acallar los argumentos técnico-científicos insistiendo en la importancia de invertir entre 70 y 100 millones de dólares, a pesar de que esto contamine al maíz mexicano. Aceptar este mal negocio es arriesgar la soberanía alimentaria de los mexicanos".