Están en peligro unos 213 millones de euros de las ayudas agrícolas de la UE que percibe la CV
LA UNIÓ alerta ante la posibilidad de que la Comisión Europea suspenda las ayudas
La Comisión Europea pretende suspender los fondos agrícolas a países con déficit excesivo como España. Josep Botella señala que "se quiere castigar a un sector como el agrario que vive en una profunda crisis de rentabilidad mientras los que han llevado a la economía mundial a esta situación, se van de rositas" .
LA UNIÓ alerta ante la posibilidad de que la Comisión Europea suspenda las ayudas comunitarias de agricultura, cohesión y pesca a los países que superen o estén a punto de superar el 3% de déficit público o lleguen al 60% de deuda, entre los que se encontraría España.
En la Comunitat Valenciana están en peligro más de 213 millones de euros que son los que recibe anualmente tanto en concepto de ayudas directas de la agricultura (PAC) como de fondos para el desarrollo rural. Se trata de 153 millones de euros procedentes del pago único de la PAC y de 60 millones del FEADER, según los datos del pasado año.
Esta propuesta de la Comisión Europea será tratada en la reunión de ministros de Economía de la UE el próximo 12 y 13 de julio, aunque LA UNIÓ confía en que se imponga la cordura para que no sean los agricultores y ganaderos quienes sufran en sus ya debilitadas rentas las sanciones y penalizaciones que se anuncian para los países que, como España, presentan un déficit presupuestario más importante. El plan de la Comisión es que automáticamente se congelen los compromisos de pago a un país si se rebasa el déficit, para después cancelarlos definitivamente en el caso de persistir las desviaciones.
Las palabras pretendidamente tranquilizadoras del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olly Rehn, en el sentido de que "las sanciones no afectarían directamente a los beneficiarios de los fondos -como los agricultores- pues los estados miembros estarán obligados a continuar pagando los subsidios aunque no sean reembolsados por la Comisión" no contribuyen, de ninguna manera a calmar la alerta suscitada, teniendo en cuenta la situación económica en la que se encuentran las Administraciones Públicas implicadas en este tema. Tanto el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como la Conselleria de Agricultura, están inmersos en profundos recortes de presupuesto que harían inviable que pudiesen hacer frente a los pagos de la Política Agraria Comunitaria que tradicionalmente se hacen desde Bruselas y que ahora podrían estar en peligro si se aplican esas posibles sanciones.
LA UNIÓ ve con tremenda preocupación que esta propuesta pueda salir adelante más si cabe en la alarmante coyuntura que vive este sector desde hace varios años, acuciados por una espectacular crisis de rentabilidad a la que las mismas autoridades europeas que ahora quieren poner en marcha esta sanción no han sido capaces de dar respuesta eficaz. Josep Botella, Secretario General de LA UNIÓ, señala que "las políticas y medidas de la Comisión Europea parecen cebarse contra los agricultores y ganaderos con penalizaciones y sanciones que sólo deberían soportar quienes, con sus decisiones, han llevado a la economía mundial a esta situación y que ahora se van de rositas".
Esta actitud además contrasta con los Eurobarómetros de la Comisión Europea que indican que los ciudadanos tienen una percepción positiva de la actividad agraria y de las ayudas necesarias para su mantenimiento. Concretamente el último Eurobarómetro Especial de Agricultura de marzo de 2010 especifica que el 89% de los españoles y el 83% en el ámbito de toda la Unión Europea muestran un apoyo cuantitativo elevado a la PAC y al mantenimiento de las ayudas. Los ciudadanos europeos valoran además el papel de agricultores y ganaderos como productores de alimentos sanos y de calidad, así como los aspectos de fijación y conservación del medio rural y de respeto al medio ambiente.