Denuncian la violación de derechos humanos y medioambientales en Guatemala
«Estas atrocidades se suceden en respuesta a la oposición por parte de las comunidades a proyectos extractivos de grandes empresas»
Con motivo de la celebración este 22 de abril del Día de la Tierra, representantes de la Confluencia Nuevo Baqtun, Amigos de la Tierra y la Asociación de Mujeres de Guatemala denuncian la violación de derechos humanos y medioambientales, exigiendo el fin de la violencia en el país centroamericano. «Atrocidades» cuyo rastro hay que buscarlo en los intereses de grandes empresas, alguna española
La Confluencia Nuevo Baqtun, la Asociación de Mujeres de Guatemala y Amigos de la Tierra denuncian la situación de represión que vive la sociedad civil en Guatemala, coincidiendo con el Día de La Tierra.
Mina de oro Marlin, en San Miguel Itxahuacán (Guatemala)
La mina aurífera Marlin tiene una extensión de 20 kilómetros cuadrados, cedidos por el Gobierno guatemalteco a la multinacional canadiense Goldcorp por un periodo de 25 años, inicialmente para un proyecto de floricultura. Amigos de la Tierra denuncia que la persecución y la violencia por parte de las autoridades y la empresa canadiense contra comunidades locales "ha sido continua" desde el 2007
Estas atrocidades se suceden en respuesta a la oposición por parte de las comunidades a proyectos extractivos de grandes empresas que mutilan tierras y recursos naturales imprescindibles para la subsistencia de la población.
Natalia Atz Sunuc, coordinadora de CEIBA/Amigos de la Tierra Guatemala, y Paula del Cid, de la Asociación Feminista La Cuerda, representantes del movimiento indígena feminista, han exigido al Parlamento Europeo el cese de unas políticas devastadoras y responsabilidad ante las acciones de las empresas europeas en el país centroamericano.
La criminalización de los movimientos sociales, campesinos e indígenas es una constante. Por esta razón, en junio de 2011, cuarenta Parlamentarios europeos, de cinco grupos políticos, ya habían denunciado esta situación ante la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Catherine Ashton, y hoy, dos años después, la Unión Europea sigue sin pronunciarse públicamente sobre estos hechos.
España es uno de los países miembro con empresas que operan en Guatemala, una situación que ambas organizaciones españolas han denunciado en repetidas ocasiones. Sin ir más lejos en mayo de 2012, un líder comunitario fue asesinado tras varias protestas para evitar la construcción de una represa eléctrica en Santa Cruz de Barillas, Guatemala, un proyecto de la empresa española Hidralia S.A. Este suceso puso en jaque a toda la comunidad desembocando en protestas multitudinarias por la muerte de su compañero que reclamaba su derecho a la tierra. Once personas resultaron detenidas. La empresa sigue oponiéndose al 90% de la población que en consulta popular decidió legítimamente el fin de los proyectos extractivos.
Amigos de la Tierra y la Asociación de Mujeres de Guatemala piden al Gobierno de España, como ya lo han hecho en varias ocasiones, que ejerzan unas políticas coherentes que respeten los derechos humanos y medioambientales y que pongan fin al proyecto de la empresa española Hidralia S.A.