La integración de estas fincas al Banco de Terras permitirá la posterior cesión de uso, así como su posible enajenación a favor de la persona o entidad a la que se le cedió su explotación
Xunta de Galicia
La conselleira de Medio Rural y del Mar de la Xunta de Galicia y la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas del Estado han firmado un convenio para la gestión de fincas con vocación agraria, por el que la Xunta pasará a gestionar las más de 6.000 hectáreas de propietarios desconocidos que se incorporarán al Banco de Terras de Galicia.
La Consellería de Medio Rural y del Mar podrá poner a disposición de agricultores y ganaderos las más de 6.000 hectáreas estimadas de propietarios desconocidos, existentes en Galicia y pertenecientes al Patrimonio del Estado.
Así se decretó hoy tras la firma del convenio entre la Administración General del Estado y la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) sobre la gestión de fincas con vocación agraria. Estas parcelas serán incorporadas al Banco de Terras y puestas a disposición de agricultores y ganaderos de manera gradual, a medida que se completen las inspecciones pertinentes, la depuración de datos catastrales y se compruebe la geometría real de las mismas, atendiendo principalmente, a las zonas de mayor demanda de tierra.
La titular de Medio Rural y Mar, Rosa Quintana, acompañada por la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero, destacó que Galicia es la primera comunidad en suscribir con la Administración General del Estado un convenio de este tipo, permitiendo a los propietarios de explotaciones agroganaderas tener a su disposición más tierra con capacidad productiva, de manera que puedan redimensionarse y abaratar los costes de producción.
Rosa Quintana destacó que la revalorización patrimonial de estos predios permitirá la generación de nuevas rentas en el rural, mejorando la competitividad de las explotaciones y reduciendo el riesgo de incendios gracias a su aprovechamiento y mejora agroambiental.
Más de 320.000 parcelas
En este momento se estiman que existen en Galicia unas 320.000 parcelas cuyo propietario no se conoce y que suman una superficie de más de 6.000 hectáreas. La problemática de estas parcelas no está tanto en su cantidad de superficie, sino en cómo están enclavadas en el territorio, pues suponen a menudo la ruptura del lineal del parcelario agrario al encontrarse en medio de los diferentes grupos de parcelas (lo que también dificulta las permutas) y, sobre todo, causando disfunciones ambientales como su estado de abandono.
El presente convenio tiene por objeto regular la integración en el Banco de Terras de Galicia, gestionado por AGADER, de las fincas con vocación agraria situadas en el territorio de nuestra Comunidad que sean de titularidad de la Administración General del Estado o que sean objeto de un procedimiento de investigación dirigido a determinar se se trata de inmuebles vacantes.
Esta integración, por tiempo indefinido, se realizará de forma gradual según se vayan depurando fincas e informaciones por el Banco de Terras para que esas parcelas estén disponibles para los ganaderos. La finalidad de la misma es que la entidad gestora pueda proceder a la posterior cesión de su uso y aprovechamiento a terceros; así como su posible enajenación a favor de la persona o entidad a la que se le cedió su explotación.
Alquiler fincas
Las parcelas estarán ofertadas con el mismo procedimiento que cualquiera de las que se gestionan a través del Banco de Terras, pudiendo consultar la disponibilidad en la página web del Banco de Terras y pudiendo hacer la solicitud de arrendamiento para las mismas en las fechas señaladas la tal efecto (el próximo período va del 1 de marzo hasta el 30 de Abril) y en las oficinas gestoras de Agader o en las oficinas agrarias comarcales (OACs).
Condiciones económicas
Las condiciones económicas de la cesión serán, como mínimo, las que resulten de aplicar los precios de referencia fijados por el Consello de la Xunta de Galicia.
En lo tocante a la rentabilidad económica de la cesión, esta será objeto de reparto entre la Administración General y la entidad gestora, quedando a disposición del Gobierno Central un porcentaje de los pagados realizados por el cesionario del 96%, correspondiendo el porcentaje restante a la entidad gestora en concepto de prima de éxito por la gestión realizada.