Castilla y León logra incrementar en dos años la demora en el pago de la deuda del sector agrario
Las Comunidades Autónomas se han reunido con el MARM con el fin de mejorar la situación financiera
Se plantea la necesidad urgente de abordar medidas para reducir el incremento de las tarifas eléctricas, que afectan a los regadíos de Castilla y León, y medidas fiscales que reduzcan el aumento de los costes de la producción agraria.
Las Comunidades Autónomas se han reunido con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino con el fin de mejorar la situación financiera del sector agrario. Dentro del paquete de medidas que se están estudiando se incluye la moratoria de los préstamos contraídos por los agricultores en el marco de la crisis por la alimentación animal de 2007 y los préstamos por la incorporación de jóvenes agricultores y las inversiones en explotaciones agrarias.
Castilla y León es la Comunidad Autónoma con un mayor número de agricultores afectados, en torno a 15.000 y en consecuencia es la región con mayor peso en la decisión para renegociar la deuda financiera. Por este motivo, la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ha tenido contactos previos con el Ministerio para perfilar el esquema final de las medidas adoptadas.
Las previsiones iniciales de conceder una prórroga de un año en las moratorias de los préstamos no fueron aceptadas por el Gobierno de Castilla y León, que comunicó al Ministerio previamente que esa actuación era insuficiente para la situación que está viviendo la agricultura y ganadería en el territorio nacional, instando al Ministerio a ampliar de uno a dos años la moratoria en la devolución de las cantidades prestadas al sector agrario, cuestión que ha plantado como prioritaria e indispensable para la agricultura regional.
Esta medida requerirá un importante apoyo financiero de la Comunidad de Castilla y León en los préstamos a los ganaderos concedidos por el incremento de los costes de la alimentación animal, ya que la financiación de los intereses depende en un 64% del presupuesto de la Junta de Castilla y León. El compromiso del Gobierno regional con el sector agrario, que ha incorporado esta actuación en la Agenda para la Población, que el Presidente Herrera presentó recientemente en las Cortes de Castilla y León, ha motivado la decisión de financiar en estos términos esta actuación.
El efecto de esta medida será inmediato y posibilitará que los agricultores y ganaderos de Castilla y León no tengan que pagar a las entidades financieras las cantidades que debían amortizar este año y el próximo.
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha apoyado también la medida destinada a financiar avales para nuevos préstamos, pero ha indicado que deben subvencionarse todas las comisiones para la formalización, ya que suponen una barrera para el acceso a la financiación de circulante necesaria para las distintas campañas agrarias.
En su conjunto, la Consejería ha demandado la aplicación en España del incremento del límite temporal individual de 15.000 euros por explotación, para permitir que todos los agricultores afectados por la deuda puedan acogerse a las ventajas de esta medida y no se vean limitados por haber superado el importe máximo autorizado por la Comisión Europea de 7.500 euros por agricultor.
Por otra parte, Castilla y León ha insistido en que las medidas de refinanciación de la deuda no deben considerarse de forma aislada, es necesario complementarlas con mejoras en los costes de producción, por una parte con medidas fiscales que tengan en cuenta la producción agrícola y ganadera por igual, y por otra parte reduciendo la carga de las nuevas tarifas eléctricas en el sector agrario que han incrementado el coste de los regadíos desde la aprobación del Real Decreto 661/2007.