Boletín Agrario Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural

Comienza la tramitación del anteproyecto, que establece nuevas fórmulas de colaboración público-privada para aumentar la competitividad y facilitar la comercialización.

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación del anteproyecto de la Ley del Olivar. El nuevo marco regulador ampliará las políticas de la Junta dirigidas a asegurar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, que genera casi un tercio del empleo agrario regional y constituye la base fundamental de la economía de más de 300 municipios de la comunidad autónoma, en los que residen unos 2,5 millones de personas.

El borrador del anteproyecto, que desde noviembre ha estado abierto a la aportación de los agentes económicos y sociales, desde agricultores a consumidores, plantea un doble enfoque sectorial y territorial de impulso a la competitividad de las producciones, promoción del desarrollo sostenible en los territorios olivareros y revalorización del patrimonio paisajístico y cultural vinculado a la actividad.

La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha destacado tras el Consejo de Gobierno que se trata de la primera vez que en el territorio nacional y en la Unión Europea se regula un cultivo, y ha precisado que esta atención responde al "carácter estratégico" del olivar en Andalucía. En este sentido, ha señalado que los principales objetivos de la norma son mantener y consolidar el liderazgo de este sector en el ámbito de la producción, transformación y comercialización; reforzar su posición ante la política agraria comunitaria, y mejorar su nivel de competitividad.

Entre otras novedades, el texto recoge la figura de los contratos de explotación que los titulares de fincas podrán suscribir con la Administración autonómica, a título individual o agrupados por zonas. En estos documentos quedarán definidos tanto los compromisos de los agricultores para mejorar la gestión integral de sus explotaciones desde el punto de vista productivo, ambiental y social como las contrapartidas de la Junta en lo relativo a ayudas e intervenciones de apoyo.

Las medidas de fomento previstas en el anteproyecto se desarrollarán a través del Plan Director del Olivar, que determinará la intervención y la colaboración pública-privada en aquellos territorios en los que la producción de la aceituna o de aceite de oliva es fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la población en el medio rural y la conservación del patrimonio natural.

Con una vigencia de seis años, este documento será elaborado por la Consejería de Agricultura y Pesca con la participación de las organizaciones más representativas del sector y, además de las líneas de actuación para reforzar la competitividad de las explotaciones, incluirá un diagnóstico de la actividad y un código de buenas prácticas de gestión. Su aprobación por el Consejo de Gobierno deberá contar con el previo informe preceptivo del Consejo Andaluz de Olivar, órgano asesor de nueva creación que estará integrado por representantes de las administraciones públicas y del sector, así como de especialistas en la materia.

Concentración de la oferta

La consejera de Agricultura ha puntualizado que la norma permitirá elevar a rango de ley las ayudas que se conceden al olivar desde el año pasado con el fin de contribuir a la concentración e integración de la oferta y resolver los problemas de comercialización del sector, en el que 816 empresas ofertan aceite a cinco grandes operadores, que venden el 85% de la producción total. Esto da como resultado, ha señalado Clara Aguilera, una situación de "asimetría" entre la oferta y la demanda, a la que se pretende dar respuesta.

Con carácter general, la futura ley incluye disposiciones orientadas a ampliar las medidas que actualmente se desarrollan para el mantenimiento de la renta de los olivicultores, el respaldo al olivar tradicional y al situado en zonas con desventajas naturales, la creación y mejora de regadíos con sistemas de ahorro de agua, el aprovechamiento energético de los residuos, el fomento de la comercialización, el apoyo a los sistemas de certificación de calidad y la promoción de nuevas tecnologías tanto en el cultivo como en la producción del aceite de oliva y la aceituna de mesa.

Igualmente, el texto contempla medidas en materia de investigación, innovación y formación, y presta atención a la participación de los consumidores para "incorporar el valor de la cultura del aceite de oliva", en palabras de Clara Aguilera.

Respecto a las ayudas económicas al sector, el anteproyecto refuerza la prioridad para el olivar de montaña o de zonas con desventajas naturales, las explotaciones situadas en territorios socioeconómicamente desfavorecidos y aquellas que cuentan con calificaciones oficiales de agricultura ecológica y producción integrada.

Datos

Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas y 320.000 explotaciones, concentra la tercera parte del olivar europeo y el 40% de la producción mundial de aceite de oliva (en torno al millón de toneladas) y aceituna de mesa (400.000 toneladas). Ambas producciones tienen un gran peso en la balanza comercial andaluza, con unas exportaciones que representan el 21% y el 7% del total de ventas de productos agroalimentarios al exterior, respectivamente.

El olivar supone la creación de 32 millones de jornales de trabajo al año en Andalucía, y conlleva el funcionamiento de 816 almazaras en toda la comunidad, 38 orujeras, 14 refinerías, 401 envasadoras y 250 entamadoras.

La superficie de olivar en se distribuye por las ocho provincias andaluzas, con especial relevancia en Jaén, el sur de Córdoba, el noroeste de Granada, el norte de Málaga y sudeste de Sevilla.