Denuncian la existencia de fresas marroquíes con etiquetado español
Freshuelva pide a la UE que exija a los productores marroquíes que cumplan con las mismas normativas de calidad,trazabilidad,seguridad alimentaria,fitosanitarios...
Freshuelva, la asociación onubense de productores y exportadores freseros, ha denunciado este jueves, 2 de febrero, la presencia en el mercado europeo de fresas procedentes de Marruecos y comercializadas bajo etiqueta española. Según ha afirmado el presidente de Freshuelva, los propios agricultores detectaron este hecho, al notar que eran variedades que no se producen en España.
El productor onubense y presidente de Freshuelva, Alberto Garrocho, ha denunciado este hecho durante una rueda de prensa en la que anunció la presencia de esta asociación en Fruit Logística 2012, la importante cita para el sector de las frutas y hortalizas que tendrá lugar entre el 8 y el 10 de febrero en Berlín.
Los freseros de huelva han detectado la presencia de estos productos de supuesto origen marroquí, aunque presentados como productos de España, en grandes almacenes de Barcelona y del sur de Francia, según ha contado hoy Garrocho, quien también aclaraba que han podido notar el fraude porque se trataría de variedades de fresa que sólo se cultivan en el país vecino del sur.
José Antonio Griñán visita la cooperativa fresera de Bonares (Huelva)
Estas declaraciones se producen un día después que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se reuniera con los productores freseros onubeses, a quienes demostró su apoyo en contra de la renovación del protocolo de libre comercio entre la UE y el reino alahuí, un Acuerdo validado recientemente por la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y que será sometido a la votación definitiva del pleno de la Eurocámara el próximo día 13.
Respecto a la presencia de productos marroquíes en los mercados interiores europeos, los freseros reconocen que es un hecho evidente: "Marruecos está ahí y hay que convivir con ellos", pero exigen que se cumplan unos principios de reciprocidad que garanticen la igualdad de condiciones entre los productores europeos y los de terceros países como Marruecos. Una demanda totalmente legítima, especialmente si la vemos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, de los derechos del consumidor, o bien de iniciativas como la trazabilidad de los productos, del resperto al medio ambiente o, trascendiendo al ámbito de la huerta y de plena actualidad, el bienestar animal.
En este sentido Alberto Garrocho ha citado al bromuro de metilo, señalan desde el diaro El Mundo. Se trata de un pesticida prohibido en España desde enero de 2005 y que dejó de ser empleado por los freseros españoles por cuestiones de seguridad alimentaria y medioambiental, y pese a que la fresa es un cultivo bastante sensible a los ataques de microorganismos. Según la fuente citada, el representante de los freseros onubenses ha denunciado que el bromuro de metilo se sigue empleando en la agricutura de la otra orilla del Estrecho, avivando así un debate que parte desde incluso antes de su prohibición en los países de la UE.
La sombra de la crisis alimentaria en los países del norte de Europa provocada por el brote de E. coli todavía sigue muy presente, quedando aún los retazos de unos efectos que se cebaron especialmente con los productores hortofrutícolas españoles. No es de extrañar que los freseros onubenses teman a que algo similar pueda volver a suceder, por lo que exigen a las autoridades que extremen la vigilancia y el control en los puntos de distribución y venta.
La provincia de Huelva produce el 94% del total de la producción fresera española, que a su vez representa un tercio de la Europea. En la actualidad, esta provincia cuenta con una superficie de cultivo de fresa de 6.400 hectáreas, 955 hectáreas de frambuesa y 763 hectáreas de arándano. Más del 85% de la fresa onubense se destina a la exportación (200.000 t aprox.), principalmente a los mercados de Alemania, Francia y Reino Unido. Estas exportaciones representan un valor medio de 320 millones de euros.