Más de 20 organizaciones muestran su apoyo a la figura de los Contratos Territoriales de Explotación
Organizaciones agrarias, sociales, ambientales y de desarrollo rural reiteran su apoyo a la figura de los Contratos Territoriales de Explotación
En la recta final del proceso de aprobación del Real Decreto que regula los Contratos Territoriales de Explotación, más de 20 organizaciones de todos los sectores insisten en su respaldo a esta figura, recogida ya en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural Pocas iniciativas han tenido un respaldo tan unánime en lo que a política de desarrollo rural se refiere
Independientemente del retraso que pueda llevar la puesta en marcha del primer programa derivado de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, está claro que nadie podría oponerse a la aplicación de medidas que pretenden mejorar la calidad de vida en el medio rural, como la superación de deficiencias en servicios básicos e infraestructuras, la mejora del patrimonio o el fomento de nuevas actividades económicas. De hecho, sin apenas experiencias previas similares, la propia OCDE ha identificado esta Ley como un nuevo referente para las políticas de desarrollo rural.
Dentro de esas medidas, se contempla el uso de Contratos Territoriales de Explotación como una forma de apoyar a la agricultura territorial. Es necesario señalar que estos contratos, en caso de aprobarse la norma en tramitación, no serían obligatorios para los agricultores, y tampoco tienen nada que ver con los requisitos medioambientales de la condicionalidad que deben cumplir aquellos que reciben ayudas de la PAC, por lo que no supondrían un aumento de obligaciones.
Beneficios potenciales
Más bien al contrario, esta herramienta busca apoyar a aquellos agricultores y ganaderos que de forma voluntaria suscriban compromisos para la conservación del suelo, el agua, la biodiversidad, el paisaje, la lucha contra el cambio climático o un mayor avance en la multifuncionalidad de su actividad. A cambio, tendrían preferencia o prioridad para ciertas ayudas o incluso una remuneración por la producción de estos bienes públicos, no compensados por el mercado, lo que favorecería, además, la fijación de la población en el territorio y la creación o mantenimiento del empleo agrario, especialmente en aquellas zonas donde esta actividad tiende a ser menos productiva o rentable pero posee un alto valor ambiental y social. Además, pueden ser una forma de simplificar la gestión y aplicación, para todas las partes, de un conjunto de medidas con objetivos similares, disminuyendo los trámites burocráticos a los que hacen frente los agricultores y ganaderos en su quehacer diario
Asimismo, conviene recordar que ya el pasado 16 de febrero se lanzó otro comunicado firmado como ahora por unas 20 organizaciones, entre ellas, las organizaciones agrarias, UPA y COAG, los sindicatos CC.OO. y UGT, numerosas organizaciones ambientales, asociaciones de mujeres del medio rural, la Red Española de Desarrollo Rural y otras organizaciones territoriales, manifestando su apoyo a estos contratos.
Referente europeo
En Francia ya se pusieron en marcha estos contratos en 1999 y, junto con las enseñanzas de estos años, aún se mantienen. Según un informe del propio ministerio francés, en 2003, se subscribieron 50.000 contratos, el 12% de las explotaciones agrícolas, lo que representa una buena acogida por parte del sector. Los expertos afirman que han incidido notablemente en una mayor consideración de la componente ambiental, han ayudado al desarrollo de signos de calidad y han permitido una apertura del mundo agrario a otros actores del territorio como las organizaciones ambientales, instituciones públicas locales y sociedad civil en general, algo que el mundo rural español necesita igualmente. De hecho, también en España se pueden encontrar casos de aplicación de este tipo de contratos, en distintas fases y/o escalas, como en Baleares, Asturias o Cataluña, y el proyecto de Real Decreto ya en trámite reconoce expresamente la posibilidad de que estos contratos previos puedan seguir manteniéndose una vez aprobada la norma nacional.
Por último, sólo queda pedirle al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, al Gobierno, que se hagan eco del gran apoyo que tienen estos contratos desde la mayor parte de sectores del medio rural, principalmente los propios agricultores, y no dilate más la aprobación un Real Decreto que no supone ninguna amenaza a la agricultura ni a los agricultores, como se plantea desde algunas organizaciones, si no que más bien pretende mejorar el apoyo a aquéllos que aportan más a la sociedad en su conjunto, en términos de paisaje, biodiversidad y cultura. Además, les permitiría prepararse para las nuevas orientaciones de la Política Agraria Común, hacia un mayor compromiso con el medio ambiente y la cohesión territorial.
Organizaciones Firmantes:
Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) Federación Estatal de Pastores (FEP) Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES) Comisiones Obreras (CCOO) Unión General Trabajadores (UGT) WWF España SEO/BirdLife Ecologistas en Acción Amigos de la Tierra GreenPeace Red Española de Desarrollo Rural (REDR) Fundación Global Nature Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) RedMontañas Grupo Ornitológico Balear (GOB-Menorca) Foro Asturias Sostenible (FAS) Asociación de Ganaderos Trashumantes de Asturias Ganaderos Extensivos de Asturias Unión de Ganaderos 2008, Extremadura FEGAEXPA, Castilla y León
Información Adicional La Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural contiene en el artículo 16, relativo al apoyo a la agricultura territorial, la figura del "contrato territorial" como el instrumento que establece el conjunto de compromisos a suscribir entre las Administraciones Públicas y los titulares de las explotaciones agrarias que orienten e incentiven su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del medio rural. También dice la Ley que la suscripción de estos contratos será requisito necesario para beneficiarse de las prioridades a los diferentes tipo de apoyo de fondos o normas comunitarias o nacionales relativas al sector agrario y desarrollo rural. La Ley remite a un posterior desarrollo reglamentario los requisitos, condiciones y efectos de los contratos territoriales. Posteriormente, el Real Decreto 752/2010 de 4 de junio de 2010 por el que se aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible (PDRS) para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, en su anexo 3 relativo a las Actuaciones del Programa contempla la medida denominada "Apoyo a la suscripción de contratos territoriales de explotación". En el contenido de dicha medida se cita un futuro Real Decreto que regulará el contrato territorial.