Nueve países europeos también expresan su oposición, pero España sigue sin posicionarse al respecto
La Unió de Llauradors i Ramaders
Esta organización muestra su rechazo a la intención por parte de la Unión Europea de liberalizar las plantaciones de viñedo, una medida que, recuerdan desde la Unió, podría entrar en vigor a partir del año 2015. Consideran que el actual sistema de derechos de plantación es imprescindible para mantener el equilibrio de la producción y "un nivel razonable de ingresos para el productor"
LA UNIÓ de Llauradors se posiciona en contra de la liberalización de plantaciones de viñedo en el ámbito de la Unión Europea que podría entrar en vigor a partir de 2015, al suponer un grave riesgo económico, social y medioambiental para el sector vitícola de la Comunitat Valenciana. De entrar en vigor esta medida, LA UNIÓ considera que beneficiaría a las grandes empresas e industrias en perjuicio de los viticultores.
Nueve países europeos -Francia, Italia, Alemania, Austria, Chipre, Hungría, Portugal, Rumania y Luxemburgo- han dirigido una carta al comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, donde manifiestan su posición en contra de la eliminación de los derechos de plantación, mientras que el Gobierno de España no se ha pronunciado al respecto.
El sector productor europeo, a través del COPA-COGECA, también se ha postulado a favor del mantenimiento de los derechos de plantación. Las denominaciones de origen ya han advertido así mismo la distorsión que supondría la liberalización de plantaciones prevista por la UE para el sector productor y las regiones vitivinícolas.
LA UNIÓ ha solicitado en varias ocasiones a la ministra de Medio Rural, Rosa Aguilar, el cumplimiento de la normativa vigente y el control sobre las plantaciones de viñedo. Exige al Gobierno español que clarifique su posición en relación con la liberalización de plantaciones de viñedo, tal y como han hecho ya otros países.
Para LA UNIÓ "el mantenimiento del sistema de derechos de plantación es el único mecanismo de control sobre las plantaciones de viñedo y el único camino para llegar a un equilibrio de la producción, a la vez que trata de garantizar un nivel razonable de ingresos a los productores".
LA UNIÓ considera que esta medida beneficiaría a las grandes empresas e industrias en perjuicio de los viticultores
En las comunidades autónomas hay suficiente producción de vino, tal y como año tras año demuestran las existencias, ya que según datos facilitados por el Fondo Español de Garantía Agraria las declaraciones de existencias de vino y mosto en la campaña 2010-2011, a fecha 15 de abril de 2011, alcanzaron los 39,8 millones de hectolitros, lo que supone un 4% más que en la campaña anterior.
La Comisión Europea debe elaborar antes de finales de 2012 un informe sobre el impacto de la reforma de la OCM del régimen vitícola de la UE, en vigor desde 2008. En este sentido, LA UNIÓ considera que las medidas comprendidas en la OCM del vino y su aplicación en España, tras la retirada de los mecanismos de regulación de mercados, el arranque de viñedo y la integración del sector en el régimen de pago único entre otros aspectos, no han resuelto la complicada situación que experimenta el sector durante los últimos años. Entre los aspectos negativos de la liberalización de plantaciones de viñedo, cabe destacar la sobreproducción de vino, disminución de calidad y valor de la producción, reducción de explotaciones familiares vitícolas en las regiones tradicionalmente productoras o la deslocalización de la producción, una excesiva industrialización de la viticultura europea, entre otras cosas.