La Junta de Andalucía sigue sin dar a conocer las marcas que etiquetaron aceite de forma fraudulenta
Cuatro meses después de destaparse el escándalo de marcas de aceite de oliva fraudulentas la Administración andaluza sigue sin dar a conocer los nombres de las empresas infractoras
Esta organización de consumidores y usuarios critica que, cuatro meses después de su retirada, la Junta de Andalucía siga sin hacer públicas las marcas de aceite de oliva fraudulentas (etiquetando como virgen extra aceites de peor calidad). FACUA considera inaceptable que la falta de medios del Gobierno andaluz obligue a "esperar meses para realizar análisis que sólo requieren unas horas".
FACUA Andalucía critica que, cuatro meses después de su retirada del mercado andaluz, el Gobierno andaluz siga sin hacer públicas las marcas de aceite de oliva que han incurrido en fraude etiquetando como virgen y virgen extra productos de inferior calidad.
A finales de noviembre, la Junta de Andalucía retiró veinticuatro lotes de los establecimientos de la Comunidad Autónoma tras una campaña de inspección desarrollada por la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud en coordinación con la Dirección General de Industria y Calidad Agrolimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Falta de medios de la Junta
La Federación considera inaceptable que la falta de medios de la Junta de Andalucía obligue a esperar meses para realizar análisis que sólo requieren unas horas. Y es que la lentitud del procedimiento administrativo después de que las marcas retiradas solicitaran contraanálisis es fruto de la saturación de los laboratorios.
FACUA Andalucía denuncia que esto es lo que provoca recortar los presupuestos en materia de protección de los consumidores y no priorizar en ellos la inversión en el control del mercado y la ampliación de los laboratorios públicos.
A ello se suma la grave irresponsabilidad en la que incurrió la Junta de Andalucía en el criterio para la selección de las muestras de aceite de oliva analizadas y el mensaje con que hizo pública la detección de un presunto fraude.
Guiada por los intereses de patronales agrarias
Y es que el Gobierno andaluz se dejó guiar por los intereses de patronales empresariales del sector agrario realizando los análisis exclusivamente en las marcas con los precios más bajos.
Y ello para posteriormente anunciar que había detectado fraude en marcas con "precio excepcionalmente bajo" o "inusualmente bajo respecto al precio habitual de estos productos por la calidad que los mismos tienen", adjetivos que carecen de rigor y obvian que las decisiones sobre los precios de venta al público son fruto de numerosos elementos y no únicamente de la calidad de los productos.
La Junta de Andalucía convirtió en sospechosa de fraude a cualquiera de las numerosas marcas con precios bajos. Obviamente, el Ejecutivo autonómico no detectó fraude en marcas con precios superiores porque no analizó ninguna.