Es de vital importancia que la nueva ministra cambie inmediatamente la posición del Gobierno
COAG
España es el único país de la Unión Europea que cultiva ransgénicos a gran escala, un cultivo que se ha desarrollado en unas condiciones de absoluta falta de transparencia y control, con graves impactos para agricultores y consumidores.
Después de que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) haya cambiado su postura sobre agricultura y alimentación, con la incorporación en su discurso de conceptos como "PAC verde", "agricultura de calidad" o "alimentación sana y sostenible", varias organizaciones ecologistas, de consumidores, agricultores, de padres y madres de alumnos y sindicatos, han enviado hoy una carta a la ministra Rosa Aguilar para recordarle que la prohibición del cultivo de transgénicos en España es un paso imprescindible e irrenunciable para que la apuesta por un cambio en la política agraria del Ministerio sea creíble para el conjunto de la sociedad civil, que demanda una agricultura y una alimentación social, sostenible y libre de transgénicos
España es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala, un cultivo que se ha desarrollado en unas condiciones de absoluta falta de transparencia y control, con graves impactos para agricultores y consumidores. Una agricultura más "verde", la protección del medio ambiente, una alimentación segura y de calidad o un modelo de agricultura social y sostenible son totalmente incompatibles con estos cultivos modificados genéticamente, último exponente de un modelo de agricultura industrial e intensiva.
Por ello es de vital importancia que la nueva ministra cambie inmediatamente la posición del Gobierno de España y que adopte, como primera medida, la prohibición del cultivo de maíz transgénico de Monsanto MON 810 para la próxima campaña de siembra, tal y como llevan haciendo desde hace años los Gobiernos de Grecia, Austria, Hungría, Francia, Luxemburgo, Alemania, Polonia, Italia y, desde la semana pasada, Bulgaria. Estas prohibiciones están basadas en evidencias científicas sobre sus daños al medio ambiente, en las incertidumbres sobre sus efectos en la salud humana y animal, y en la imposibilidad de proteger la agricultura convencional y ecológica de la contaminación genética.
Para las organizaciones firmantes, la prohibición del cultivo de transgénicos por parte del Ejecutivo español es un paso imprescindible e irrenunciable para que la apuesta por un cambio en la política agraria del Ministerio sea creíble para el conjunto de la sociedad civil, que defiende una agricultura y una alimentación social, sostenible y libre de transgénicos.