Boletín Agrario Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural

El Comisario Europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, ha presentado esta mañana ante el Parlamento Europeo de Bruselas el primer borrador oficial relativo a la Política Agraria Común que entrará en vigor a partir de 2014: la Comunicación de la Comisión Europea "la Política Agraria Común (PAC) hacia 2020". El texto también ha sido trasladado al Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA). Una comparecencia del máximo responsable de las políticas agrarias comunitarias que, pese a no esperarse mucho de ella, ha mantenido en vilo a todos los sectores agrarios europeos.

"Con esta propuesta se pone en peligro el futuro de explotaciones agrarias españolas" Pedro Barato, presidente de ASAJA.

Aparte de las declaraciones de intenciones y definición de objetivos genéricos propios de un texto de esta naturaleza en estado germinal, rodos los agentes sectoriales esperaban concreciones relativas a las cifras, necesarias para consolidar unos presupuestos que, en definitiva, son los que marcarán los designios de todas las políticas a llevar a cabo. Y es precisamente esta debilidad del borrador la que más críticas recibe por parte de las principales organizaciones agrarias de nuestro país. Para la Asociación de Jóvenes Agricultores es esta falta de definición sobre el presupuesto lo que hace que la Comunicación presentada hoy no pase de ser una mera "declaración de intenciones". En opinión de ASAJA, "cualquier propuesta de reforma de la PAC debe, cuando menos, consolidar el actual presupuesto y evitar una posible cofinanciación de las medidas que supondría desigualdades entre productores comunitarios y pérdida de competitividad del sector agrario europeo".

Algo similar dicen desde la Coordinadora de Organizaciones Agrarias. "Con una UE de 27 países en igualdad de condiciones y unos fondos de la PAC congelados desde 2003 y presupuestados para la Europa de los 15, difícilmente se podrán alcanzar los objetivos tan ambiciosos que se definen y dar respuesta eficaz a los retos que se plantean", afirma COAG en su comunicado.

Aparte de la falta de concreción en lo relativo al presupuesto, COAG destaca negativamente la escasez de medidas planteadas para conseguir una regulación de los mercados, llegando a calificar la postura de la UE en torno a la liberalización comercial de importaciones de terceros países como auténtica "hipocresía". "La UE debe cambiar su política de desregulación de los mercados y debe reinstaurar los mecanismos que eviten la fluctuación de los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los agricultores que superen sus costes de producción", añade la declaración de COAG.

"Se vuelve a fallar en lo fundamental: el mantenimiento de las rentas. No se hace una política que controle la volatilidad de los precios en el campo y al consumidor final y por el contrario se vuelve a dejar la alimentación en manos de un mercado especulativo", ha puntualizado Miguel López, Secretario General de COAG, a lo que ha añadido que "el 70% de la renta de los agricultores españoles viene del mercado, por lo que las ayudas, por si solas, resultan ineficaces para resolver la crisis del sector agrario y garantizar las rentas".

El único aspecto positivo que destacan desde la Coordinadora a lo planteado hoy en materia de mercado es el reconocimiento, aunque sin plantear medidas concretas, de la existencia de un claro desequilibrio del poder de negociación dentro de la cadena, a favor de la gran distribución, y el injusto reparto del valor dentro de la misma.

En relación a esto, desde ASAJA valoran el mantenimiento de los mecanismos de gestión de mercado por ser éstos "herramientas fundamentales para paliar los desequilibrios oferta-demanda y su repercusión en los precios", según afirman, aunque también lamentan que la comunicación no profundice en este sentido y "se pierda la oportunidad de establecer las medidas necesarias para reforzar la posición de agricultores y ganaderos en la cadena agroalimentaria y en la formación de los precios, armonizando las legislaciones nacionales en materia de competencia con el fin de evitar que los profesionales agrarios y sus organizaciones puedan ser encausados por defender un precio justo para sus producciones". .

"Se vuelve a fallar en lo fundamental: el mantenimiento de las rentas". Miguel López, presidente de COAG.

También lamentan en ASAJA que el texto presentado omita acciones encaminadas a garantizar la igualdad de condiciones de los productores europeos en relación a sus competidores de terceros países. Esto, junto a la preferencia comunitaria, deben ser elementos sustanciales en todas las negociaciones comerciales, multilaterales o de ámbito regional, según afirma ASAJA.

COAG también hace referencia a las importaciones desde terceros países y la desigualdad en cuanto a exigencias en la que se encuentran los productores comunitarios. "No podemos continuar con la hipocresía de aceptar importaciones de países terceros, sin ningún control ni exigencia en cuanto a las normas ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad alimentaria que la Unión Europea impone a sus propios agricultores. Supone traicionar el principio de preferencia comunitaria", ha subrayado su presidente, Miguel López.

Cambiando de ámbito, desde el sindicato Comisiones Obreras estiman que esta propuesta "abre nuevas expectativas que deben concretarse situando el empleo de calidad como el elemento central", aunque también afirman que la propuesta de reforma de la PAC "tiene un perfil poco social y distante para los intereses de los trabajadores por cuenta ajena de nuestro país". "Para CCOO la propuesta de la Comisión es sin duda manifiestamente mejorable".

También destacan desde este sindicato la importacia de consolidad el presupuesto, algo que califican como "prioritario" y necesario para "mantener la cohesión social en nuestro país y en los diferentes países de la Unión Europea". Destacan que la futura PAC debe ser la oportunidad de consolidar la política comunitaria como elemento vertebrador y de cohesión de la Unión Europea. "Debe haber justicia social y equidad en la distribución de las ayudas de la PAC, estableciendo topes para a estas y estableciendo claras medidas de condicionalidad social para percibirlas" , afirman desde el sindicato Comisiones Obreras, que también saluda las referencias a la fijación de un tope a las ayudas vinculadas al empleo. En relación a esto, la organización agraria COAG opina que el sistema de pagos directos debería pivotar sobre la actividad agraria que ejercen los agricultores y agricultoras profesionales y legitimarse básicamente en el empleo que generan las explotaciones.