Boletín Agrario Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural

La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, indicaba durante su intervención que se trata de una norma pionera en Europa, ya que, según destacaba, garantizará más apoyo público a los olivareros que más lo necesitan, en cumplimiento de uno de sus principales fines que es el reequilibrio de las ayudas que las diferentes administraciones destinan al olivar. Asimismo, señalaba que permitirá la "modernización permanente" del sector, contribuyendo a que Andalucía siga manteniendo su liderazgo mundial.

Aguilera recordaba la "importancia estratégica" que este cultivo tiene para la comunidad autónoma, con una superficie de más de 1,5 millones de hectáreas y de cuya actividad dependen en la actualidad más de 250.000 familias en 300 municipios andaluces, generando más de 22 millones de jornales al año y representando en torno al 24% del valor de la producción agraria andaluza.

En términos de balanza comercial, las exportaciones andaluzas de aceite de oliva, que representan el 70% de las exportaciones españolas y el 21% de las mundiales, representaron, de enero a diciembre de 2010, más de 580.000 toneladas, con un valor superior a los 1.200 millones de euros. Ello supone, con respecto al mismo período del año anterior, un incremento del 35,3% en volumen y del 23,4% en valor, y la constatación del liderazgo que este producto ostenta en las exportaciones agroalimentarias de la comunidad autónoma andaluza.

La superficie olivarera andaluza representa, además, el 60% del total nacional y el 30% del europeo, con una producción que supone el 40% del aceite de oliva del mundo y el 20% de la aceituna de mesa del mundo.

Aguilera ha calificado la norma como una "ley de fomento", porque tiene como principal objetivo "regular y consolidar todo un sector, haciéndolo más competitivo y reconocido por la sociedad". En ese sentido, se establece el marco normativo adecuado para "impulsar todas las acciones dirigidas a la mejora de la competitividad de la producción olivarera", reorientándola a las "necesidades y demandas del mercado y fomentando su calidad y promoción".

La Ley del Olivar, ha añadido, además protege el "alto valor" medioambiental de este cultivo, reforzando su papel en el desarrollo sostenible de los territorios y ayudando a mantener la población de las zonas rurales.

Con tal fin, se implementarán políticas de diversificación que permitan un mejor aprovechamiento de las explotaciones olivareras, generando mayor riqueza y valor añadido para esta actividad y la comarca en la que se desarrolla, y se promoverán medidas de apoyo a la protección, conservación y uso del patrimonio productivo, natural, paisajístico, etnológico, cultural y arqueológico asociado al olivar y aceite de oliva.

Aguilera destacaba también en su intervención como "aspecto innovador" la tutela del patrimonio olivarero y la cultura del aceite, integrado por el olivar con especial representatividad y significado en su entorno.

Doble objetivo

La Ley del Olivar persigue como doble objetivo el fomento de la competitividad y sostenibilidad de este sector. En el primer caso, se priorizan actuaciones como la reestructuración del olivar tradicional, modernizando aquellas explotaciones potencialmente productivas; el fomento del regadío en el olivar, primando en todo momento, el uso eficiente del agua, en cumplimiento de la Ley de Aguas y los Planes Hidrológicos de Cuenca, y la mayor eficiencia energética y apuesta por las energías renovables en las explotaciones y en la industria transformadora, favoreciendo el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas y el uso de la biomasa para la producción de energía.

Igualmente, se fortalecerán los programas de investigación, desarrollo, innovación, formación e introducción de nuevas tecnologías aplicadas al sector del olivar, con objeto de seguir avanzando en calidad, un aspecto que también se fomentará mediante certificaciones realizadas a los procesos productivos de las industrias olivareras, el refuerzo de los sistemas de trazabilidad, y la mejora de la información a los consumidores.

En su apuesta por la competitividad, la Ley del Olivar propiciará una mayor profesionalización del sector y contribuirá a un empleo de calidad que promueva la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Destacar, asimismo, que servirá para una mayor vertebración y organización del sector, impulsando los procesos de concentración empresarial y de la oferta para dotar a los productores de una mayor fuerza negociadora ante la gran distribución e incorporar más valor añadido a los canales de comercialización del aceite de oliva y la aceituna de mesa.

En lo que respecta a la mejora de la sostenibilidad, se prestará una especial atención al olivar tradicional y con desventajas naturales, para evitar el abandono de los territorios y facilitar la rentabilidad de este tipo de cultivo. Además, y en su línea de preservar la renta agraria, la Ley apuesta por la multifuncionalidad y diversificación en las explotaciones agrícolas y en la industria del sector del olivar, para incrementar la renta de los olivicultores de procedencia no agraria.

Principales instrumentos de aplicación de la Ley

El desarrollo de esta Ley implica una acción integral, orquestada desde distintos frentes y que requiere de una colaboración público-privada, que se fomentará mediante contratos territoriales, para dar curso a las actuaciones previstas en el principal instrumento de aplicación de esta norma, el Plan Director del Olivar, documento en el que se definen las estrategias de actuación necesarias para la mejora del sector.

A partir de la entrada en vigor de la Ley del Olivar, se abrirá un plazo máximo de un año para la presentación del Plan Director, que contará con una validez de 6 años. Además de actuar como el principal instrumento de coordinación e integración de las diferentes actuaciones, este Plan delimita los territorios del olivar -que son los espacios donde es determinante la producción de aceituna o de aceite y que, por tanto, constituyen las zonas de aplicación de esta Ley-, y realiza un diagnóstico económico, social, ambiental y cultural de este cultivo.

El Consejo Andaluz del Olivar es otro de los órganos que contempla esta ley, y el encargado de informar del Plan Director y sus modificaciones. Estará formado por 20 miembros, entre representantes de las administraciones, organizaciones sectoriales y especialistas de diferentes ámbitos, y se constituirá en el plazo máximo de nueve meses, desde la entrada en vigor de la Ley.

Respecto a los contratos territoriales, contribuirán a una mejor gestión de los territorios del olivar y deberán ser suscritos entre la Administración y los titulares de explotaciones para llevar a cabo las actuaciones previstas en el Plan Director. Esto contratos pueden ser "de zona rural" o "de explotación". En el primer caso, se impulsarán actuaciones coordinadas, en cualquiera de los ámbitos de interés de la Ley, mediante la firma de una serie de compromisos con un conjunto de titulares de explotaciones olivareras. En el segundo caso, los compromisos se suscribirán con el titular de una explotación, en el ámbito de la mejora de su producción.