Destacan que los 4,2 millones de euros asignados a los agricultores de la región no llega al 6% de lo presupuestado para todo el Estado
La Unió de Llauradors i Ramaders
Esta organización considera irrisoria la cantidad asignada para la Comunitat Valenciana por los daños ocasionados por la falsa alarma generada sin pruebas por la afección de la bacteria E-coli a principios del verano y que se ha confirmado en 4,2 millones de euros (menos del 6% del presupuesto para todo el Estado español), cantidad con la que no llega a cubrirse el 10% de los daños.
En este sentido, LA UNIÓ valoró desde un principio que las pérdidas ocasionadas ascendían a más de 20 millones de euros entre la producción, el transporte, la manipulación y los almacenes. Sin embargo, el hecho de que la crisis apareciera justo a finales de campaña, y que se quedaran muchos productos por recolectar o con liquidaciones para los productores por debajo de los costes de producción, hizo ascender el volumen de pérdidas en más de 60 millones de euros, por lo que las consecuencias negativas fueron mayores y ya era tarde para buscar otras salidas.
Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, afirma que "las consecuencias negativas para la Comunitat Valenciana han sido mayores de lo que se esperaba, por lo que es ridículo el reparto que se ha dado a nuestra Comunitat".
Para LA UNIÓ, el sector hortofrutícola valenciano ha resultado muy perjudicado desde que se originó el proceso y con los últimos datos se confirma la idea de que las ayudas europeas no compensarán los daños producidos. Por ello, Mampel, recuerda al Gobierno español que "para mejorar la situación del sector en nuestro país, previamente hay que asegurar los intereses de los profesionales agrarios en los foros internacionales y no encontrarnos con estas cifras tan ridículas, consecuencia de un reparto mal estudiado".
Por otra parte, LA UNIÓ insiste de nuevo en la necesidad de reforzar la imagen de los productos hortofrutícolas españoles y valencianos en el ámbito de la Unión Europea con el objetivo de resarcir el daño ocasionado por la mala gestión de la "crisis del pepino" por parte de las autoridades alemanas y elevar al sector hortofrutícola de nuestro país al lugar que le corresponde.