Boletín Agrario Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural

Esta mañana ha sido presentada la campaña de movilizaciones que las tres grandes organizaciones agrarias del país, ASAJA,COAG y UPA, junto a Cooperativas Agroalimentarias, han decidido iniciar de forma conjunta en defensa del sector del aceite de oliva. Así, han anunciado la intención de mantener sus protestas hasta conseguir la activación del almacenamiento privado para el aceite de oliva. Las organizaciones de productores trasladarán su demanda al conjunto de la ciudadanía cada 14 días, a través de una serie de manifestaciones que tendrán lugar en las principales ciudades olivareras.

La primera de estas jornadas reivindicativas tendrá lugar este próximo viernes, día 18 de marzo, en las calles de Jaén, capital de la primera potencia olivarera a nivel mundial. También han adelantado las siguientes ubicaciones de esta auténtica maratón de protestas, que continuarán a lo largo del mes de abril en Córdoba, Toledo y Mérida (1,15 y 29 de abril respectivamente).

El porqué de estas protestas parece evidente: como han planteado hoy los principales responsables de las OPAS, el sector olivarero se encuentra en una situación de producción a pérdidas por tercera campaña consecutiva, cuantificando las pérdidas acumuladas en 2.200 millones de euros, de los que hasta 835 corresponderían a la actual.

"La situación de precios en origen continúa siendo dramática. Por tercera campaña consecutiva, las cotizaciones medias se encuentran por debajo de los costes de producción: el precio medio apenas ha superado en el último mes los 1,84 €/kg (según Poolred) mientras que los costes acumulados de aceite de oliva a la salida de almazara son de 2,491 €/kg (Observatorio de precios de los Alimentos del MARM). A esto hay que sumar que los productores reciben una remuneración menor, ya que deben descontar de sus ingresos los datos del denominado escandallo de molturación. (Unos 20 cts/kg aceite). Por eso, el precio real que reciben los olivicultores sí está por debajo de los niveles establecidos para el almacenamiento privado", indican los productores.

También señalan que han adoptado esta drástica decisión "ante la falta de respuesta de la Comisión Europa a sus demandas para activarlo (el almacenamiento privado) y a la actualización de los precios desencadenantes para adaptarse a los costes de producción actuales". Trasladando su problemática al conjunto de la sociedad, estas organizaciones pretenden sumar esfuerzos con el MARM "para conseguir la autorización al almacenamiento y su capacidad negociadora ante la UE". Desde el Ministerio dirigido por Rosa Aguilar se intenta que Bruselas apruebe la activación de dicho almacenamiento privado, algo a lo que la Comisión Europea no se muestra favorable. Miguel López, secretario general de COAG, ha explicado que, pese a ser conscientes del problema, tanto en Bruselas como en algunos Estados Miembros interesa que el aceite de oliva no avance en el mercado de las materias grasas, para seguir manteniendo la bajada del ïndice de Precios de Consumo. "El verdadero problema lo tenemos con la gran distribución, que es la que está imponiendo precios por debajo de costes en origen, y la que está tirando la calidad por tierra. Para ofertar a aceite a esos niveles de precios nos estamos cargando el sistema productivo tradicional", ha subrayado López.

La renta del olivar descendió hasta un 5,7% a lo largo del pasado 2010, una bajada que se suma al fuerte descenso sufrido en el año 2009, cuando ésta se situó hasta un 15,2% por debajo del anterior registro. Peor se presenta la situación en las zonas de producción tradicional, donde los responsables agrarios han citado esta caída de la renta hasta en más del 50%, "lo que sitúa en una situación peligrosa la economía rural de provincias como Jaén, Córdoba, Ciudad Real, extremeñas o aragonesas, entre otras". Según los datos de la propia oficina de información estadística de la UE, Eurostat, el aceite de oliva es el único sector en el que se produjo una caída en la renta de los productores en 2010. A todo esto, añaden, los productores soportan actualmente los precios más bajos de la última década.

Activación y actualización del almacenamiento privado

"Nos encontramos con una grave crisis de precios, mientras que el funcionamiento del mercado es fluido, con exportaciones record, mostrando una fortaleza de la demanda que no tiene reflejo en los precios. Es por ello que consideramos que se está produciendo una grave perturbación del mercado, que permite activar el mecanismo de almacenamiento privado", indican las organizaciones agrarias. Pero además de la inmediata activación del almacenamiento privado, también demandan una actualización de los precios mínimos que permiten activar dicho almacenamiento, fijados actualmente en 1,77 €/Kg. para el aceite de oliva virgen extra, 1.71 € para el virgen y 1,52 € para el aceite de oliva lampante. Unos umbrales que, como nos recuerdan, fueron establecidos en la campaña 1997/98 del pasado siglo. Unos precios mínimos que se encuentran "muy alejados de los costes del sector", según han explicado.

Los productores demandan que este precio mínimo de activación del almacenamiento privado se establezca en 2,20 euros por kilogramo, "a fin de que se refleje el incremento de los costes de producción y el mecanismo previsto sea verdaderamente operativo y útil para el fin para el que fue instaurado". Además, los responsables de las organizaciones agrarias denuncian que este sistema de precios mínimos de activación no lo es tal, ya que "el sistema depende de la voluntad de la Comisión y de los Estados miembros para ponerse en funcionamiento aunque se alcancen los niveles de precios marcados por los reglamentos comunitarios", por lo que exigen que se establezca la activación automática del sistema una vez se rebasen los mínimos. Una demanda que resulta lógica, ya que con el actual protocolo es difícil comprender la razón de ser de estos umbrales.

Control de las prácticas de la distribución

Los productores dirigen sus prtestas hacia la gran distribución, a la que acusan de haber provocado la actual situación. Es por ello que, además de la activación automática del sistema de almacenamiento privado tras sus correspondientes actualizaciones, exigen a las administraciones una serie de medidas destinadas a regular y evitar las supuestas malas prácticas en los circuitos comerciales:

• Medidas y sanciones efectivas contra la venta a pérdidas y otras prácticas abusivas de la distribución que dañan la imagen del aceite y perjudican la rentabilidad del sector.
• Implantación del código de buenas prácticas en la ley de calidad agroalimentaria.