Los consumidores estamos pagando la crisis
Era de esperar que las grandes empresas aprovecharan la coyuntura
José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores, denuncia que al comportamiento de las empresas que suben los precios o reducen la calidad con la excusa de la crisis, se suma que las Administraciones Públicas anteponen los intereses de las empresas, de los sectores económicos o sus propios intereses presupuestarios a los de los ciudadanos.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es una oportunidad para reflexionar sobre la situación actual de los mismos. Si hiciéramos caso a las declaraciones públicas de los agentes económicos, empresas, administraciones, economistas", llegaríamos a la conclusión de que los consumidores y sus derechos viven una Edad de Oro.
La crisis económica mundial ha revelado como la falta de protección, la falta de información, la carencia de mecanismos de control de los actores económicos han de dar paso a un modelo nuevo a una nueva economía en la que el consumidor y sus derechos han de ser el eje rector y el objetivo a cumplir. Parecería que, por fin, el usuario, con cuyo dinero se mueven todas las transacciones comerciales, se ha convertido en el rey de la economía.
Pero la realidad no está siendo esa. Lo cierto es que los consumidores estamos pagando la crisis. Perdemos nuestras casas, perdemos nuestro trabajo, no nos conceden créditos, no podemos hacer frente a nuestros compromisos, pagamos precios cada vez más altos por los servicios y las regulaciones que deberían protegernos, son usadas en nuestra contra. No sólo no somos los reyes sino que somos los que debemos pagar la crisis con nuestro esfuerzo y de nuestro bolsillo.
Era de esperar que las empresas aprovecharan la coyuntura para, con la excusa de la crisis, intentar reducir la calidad o subir los precios de los productos y servicios. Y que con la misma excusa presionarían sobre los reguladores para conseguir que las administraciones fueran benevolentes con los incumplimientos normativos. Pero lo que ha resultado totalmente decepcionante ha sido el comportamiento de las administraciones públicas. Nunca nuestros derechos han sido una prioridad, a pesar de que no hay colectivo más numeroso que el de los consumidores.
En cada una de las crisis, financiera, sanitaria, en el trasporte; en cada uno de los cambios normativos, sobre competencia, mercado único, sostenibilidad; en cada una de las decisiones que han tomado las administraciones públicas, han prevalecido los intereses de las empresas, de los sectores económicos o los intereses presupuestarios de las propias administraciones.
Así, se han encarecido los servicios públicos básicos: agua, basura, transporte; se han recortado notablemente los fondos destinados a la protección de nuestros derechos, mientras se incrementan las ayudas a los sectores causantes de la crisis, se ha llegado incluso a rebajar la importancia administrativa del "Consumo", desapareciendo el término de la denominación ministerial. Finalmente, se han defraudado nuestras expectativas y la defensa de nuestros derechos no está siendo uno de los ejes de acción del Gobierno Español en su periodo de presidencia de la Unión Europea.
Por lo tanto, estamos solos. Ni reyes, ni edad de oro ni centro del mundo. Somos lo que hemos sido siempre, los que pagan y deberían callar. Afortunadamente no estamos callando. Los consumidores hemos asumido por fin, conciencia de su propia importancia. Tal vez las empresas y las administraciones no quieran reconocerlo, pero nosotros sabemos que quien paga debe mandar. Estamos tomando decisiones, hemos cambiado nuestros modelos de consumo. Exigimos más por nuestro dinero y no consentimos en silencio los abusos.
Uno de los instrumentos que los ciudadanos tienen para defenderse somos las asociaciones. Los consumidores conocen y aprecian nuestra labor. Acuden a nosotros cada día con mejor información. Siguen nuestras recomendaciones y saben que nuestra labor es eficaz. Poco a poco el movimiento de defensa de los derechos de los consumidores está cuajando y convirtiéndose en un auténtico contrapoder en el mercado. Hay al menos una oficina de alguna asociación de consumidores en la inmensa mayoría de las ciudades españolas. Hacemos efectiva la representación en numerosos organismos. Llevamos los problemas de los ciudadanos a todas las instancias que nos es posible, informamos, formamos, reivindicamos, denunciamos todos los días docenas de abusos a los consumidores.
Nos queda mucho camino, hemos de perfeccionarnos, mejorar nuestra eficacia, afinar y actualizar nuestro modelo, pero nosotros sabemos y los consumidores también, que somos la última y única línea de defensa frente los abusos de los que hasta ahora han creído que la economía se acababa en las relaciones entre los que producen y los que regulan, olvidando, siempre a los que con su dinero mantienen en pie el tinglado: los ciudadanos.