Los servicios de Inspección Pesquera de Andalucía incautaron 14.828 kilos de inmaduros durante 2012
Los datos reflejan un descenso del 19,94% en la pesca y comercialización de productos de talla antirreglamentaria respecto a 2011
Los servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía incautaron durante el año 2012 un total de 14.828 kilos de productos pesqueros de talla inferior a la reglamentaria, lo que supone un "claro descenso" respecto a los datos de los años anteriores. La especie más decomisada fue la pijota (merluza europea), seguida muy de lejos por el pulpo, la chirla, el jurel y el boquerón.
Los servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía se han incautado de un total de 14.828 kilos de productos pesqueros de talla inferior a la reglamentaria durante el año 2012. Estos resultados arrojan un claro descenso en la pesca y comercialización de ejemplares inmaduros respecto a los años anteriores, ya que a pesar de haberse realizado un número superior de actuaciones de control e inspección (7.343 actas), la cantidad de inmaduros decomisados a lo largo del año pasado ha disminuido en un 19,94% respecto al año 2011, durante el cual se decomisaron 18.520 kilos de inmaduros; un 57,86% respecto al año 2010, en el que se decomisaron 35.185 kilos de inmaduros; y un 74,63% respecto a 2009, que se saldó con 58.397 kilos decomisados.
La merluza europea (pijota), con 6.313 kilos, ha sido la especie más decomisada, suponiendo el 42,57% del total incautado por incumplimiento de la normativa de tallas mínimas; seguida del pulpo con 3.137 kilos (21,16%); la chirla con 1.906 kilos (12,86%); el jurel con 1.530 kilos (10,32%); y el boquerón con 1.059 kilos (7,14%).
El mayor volumen de incautaciones se realizó durante el mes de febrero con 3.026 kilos, seguido de marzo con 2.557 kilos, octubre con 2.410 kilos, enero con 1.988 kilos, noviembre con 1.547 kilos, agosto con 630 kilos, abril con 607 kilos, mayo con 585 kilos, diciembre con 511 kilos, septiembre con 455 kilos, junio con 433 kilos y julio con 79 kilos.
La provincia andaluza en la que se ha registrado un mayor volumen de decomisos por inmaduros ha sido Huelva con 6.841 kilos, que representan el 46,14% del total; seguida de Málaga con 3.977 kilos (26,82%); Cádiz con 2.052 kilos (13,84%), Córdoba con 860 kilos (5,80%); Almería con 782 kilos (5,27%), Sevilla con 275 kilos (1,85%) y Granada con 41 kilos (0,28%).
En la realización de los controles, los inspectores de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente actuaron de forma independiente o en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y con la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía.
La mayor parte de las actas con decomiso de inmaduros se levantaron en mercados, pescaderías y restaurantes (127 actas), vehículos de transporte (46 actas), en el ejercicio de la actividad pesquera (39 actas), y por último en puertos y lonjas (15 actas).
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente desarrolla numerosas campañas de concienciación y sensibilización social en medios de comunicación y en colegios para sensibilizar a los ciudadanos en general y escolares en particular sobre la importancia de evitar la pesca, comercialización y consumo de inmaduros. Para ello, informa de las tallas mínimas exigibles del pescado para su consumo y la importancia que tiene respetarlas para preservar la continuidad de los recursos pesqueros.
En términos biológicos, la captura de ejemplares de talla no reglamentaria implica que dichos organismos tienen la consideración de alevines, al no haber alcanzado la madurez necesaria para reproducirse y producir una nueva generación de individuos, lo que a medio y largo plazo puede originar la desaparición de la especie. Además, este tipo de actividades atentan contra la salud pública, ya que estos productos no pasan por ningún tipo de control sanitario.
Desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se recuerda que la captura, transporte y comercialización de ejemplares de talla inferior a la reglamentaria constituye una actividad ilegal que está tipificada como una infracción de carácter grave, cuya sanción puede alcanzar hasta los 60.000 euros.