Boletín Agrario Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural

El propósito del Gobierno de establecer una tasa del 4,5% sobre la generación de las plantas de biomasa viene a dar la puntilla definitiva a un sector ya muy injustamente castigado de por sí por la moratoria. PROBIOMASA considera inaceptable la imposición de esta nueva tasa puesto que las biomasas no tienen ni han tenido responsabilidad alguna en el déficit de tarifa al suponer su retribución apenas un 1,9% sobre el total las primas del régimen especial, y cuando ni siquiera puede considerarse que el sector se ha desarrollado tal y como demuestra la dificultad que le ha supuesto al mismo alcanzar en los últimos años los objetivos marcados en los sucesivos Planes de Energías Renovables, debido fundamentalmente a las ‘de sobra conocidas’ ineficiencias que han presentado los marcos regulatorio y retributivo establecidos, que han implicado la práctica imposibilidad de alcanzar una rentabilidad suficiente en la mayoría de las plantas.

Si esa tasa se aplicara en los términos anunciados, las plantas de biomasa en funcionamiento corren un serio peligro de quedar abocadas a la suspensión de su actividad productiva que, paradójicamente, a pesar de los exiguos márgenes con los que cuentan y la escasa comprensión demostrada por parte de los sucesivos poderes políticos, han permitido generar un tejido empresarial sólido, un cuantioso número de empleos estables no solo en su propio ámbito de actividad, sino en los sectores agrícola, ganadero y forestal del medio rural español, ha colaborado intensamente a reducir los costes derivados de la prevención y extinción de incendios forestales, y que en definitiva ha producido y produce unos retornos al erario público tremendamente significativos, y de mayor entidad que los escasos apoyos que ha recibido.

Esta nueva tasa que pretende imponer el Gobierno pone en un riesgo sin precedentes al sector español de la biomasa al imposibilitar que se alcance una rentabilidad que permita asumir este nuevo sobrecoste, ya que actualmente se trabaja con márgenes tremendamente ajustados, tal y como es conocido tanto por las administraciones como por cualquier agente próximo al sector energético, al ser un hecho reconocido a todos los niveles que las retribuciones a las plantas de biomasa establecidas en los sucesivos Reales Decretos nunca han facilitado que se alcancen unas rentabilidades suficientes para los proyectos.

El perjuicio que esta medida comportará se extiende más allá de las propias instalaciones sobre las que podría recaer, al afectar negativamente asimismo a los sectores agrícola, ganadero y forestal puesto que romperá la generación de valor en términos de empleo y de beneficios sociales y económicos exclusiva de la biomasa en toda su cadena productiva incrementando el ya insoportable paro que soporta nuestro país, aumentará los importantes costes derivados de la compra de derechos -que la biomasa viene evitando- en el mercado de emisiones, incrementará la producción y abandono de residuos provocando contaminaciones ambientales, y provocará la quema incontrolada de millones de hectáreas de bosques aumentando la dramática situación que se vive en España cada verano, y éste en concreto especialmente.

PROBIOMASA pide al Gobierno que reconsidere la imposición de esta tasa, dando a la generación de energía por medio de biomasas un tratamiento acorde con lo que se viene haciendo en la mayoría de los países de la Unión Europea en lugar de hacer ‘tabla rasa’. Para ello debería valorar en un único balance, como hace con otras energías, la totalidad de las externalidades que induce este sector, potenciándolas al máximo al resultar clave actualmente dado el momento por el que está atravesando España, en lugar de favorecer su eliminación indiscriminadamente complicando aún más la situación que están viviendo los ámbitos agrícola, forestal y ganadero del medio rural español.