La Unió estudia emprender acciones judiciales contra el canon de aguas residuales a ganaderos
Ramón Mampel: "El afán recaudatorio del EPSAR llega al límite y entorpece la viabilidad de las explotaciones ganaderas"
La Unió de Llauradors anunacia que estudiará la adopción de posibles acciones judiciales para recurrir el que consideran "canon ilegal" que la Entidad Pública de Aguas Residuales (EPSAR) cobra a muchos ganaderos valencianos. Desde la organización agraria levantina denuncian que es únicamente en la Comunitat Valenciana donde existe dicho canon, que afecta especialmente a las explotaciones porcinas
LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders va a estudiar posibles acciones judiciales contra la Entidad Pública de Aguas Residuales (EPSAR) por cobrar desde hace tiempo un canon ilegal a muchos ganaderos de la Comunitat Valenciana -fundamentalmente de porcino- cuando lo que generan según la normativa existente es un subproducto ganadero (abono) y no un residuo. Una explotación media de porcino en la Comunitat Valenciana, con unas 1.200 plazas, estaría pagando por este canon injusto de aguas residuales alrededor de 3.000 euros al año.
LA UNIÓ señala que ninguna comunidad autónoma, excepto la nuestra, cobra dicha canon y que por tanto piensa estudiar un recurso al mismo tras haber agotado las negociaciones con el EPSAR y no encontrar una solución positiva al conflicto. Esta organización ha informado y negociado con el EPSAR sobre esta situación, pero no existe la más mínima sensibilidad al respecto, lo que hará perder competitividad a los ganaderos valencianos respecto a los de otras comunidades.
Además el EPSAR pretende ahora continuar con el cobro con efectos retroactivos del canon correspondiente a los últimos cuatro años. En este sentido cuando los ganaderos piden la legalización de un pozo reciben cartas del EPSAR donde les reclaman con carácter retroactivo de cuatro años -plazo máximo que marca la ley- el canon de saneamiento de aguas residuales. Hay casos por tanto en los que se les reclaman cantidades retroactivas por ese periodo que rondan los 12.000 euros.
La normativa y la jurisprudencia es clara al respecto. Para cobrar un canon de saneamiento de aguas residuales se deben producir precisamente este tipo de aguas y las granjas de porcino únicamente producen cerdos y purines, que según la Orden 7/2010, de 10 de febrero, por la que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la propia Conselleria de Agricultura se contempla como un abono orgánico. El artículo 72 de la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de Ganadería de la CV también es claro al señalar textualmente en su punto 2 que "con el objeto de posibilitar el mayor, y de forma racional, aprovechamiento de estiércoles y purines, la Generalitat regulará su utilización directa como fertilizantes en las explotaciones agrarias, como supuesto expresamente excluido de la legislación de residuos". Una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 2005 considera así mismo que el purín de las explotaciones porcinas es un fertilizante agrícola y no un vertido. Toda la normativa es por tanto contraria al cobro de un canon a las explotaciones ganaderas por vertido de aguas residuales.
LA UNIÓ considera que el EPSAR pretende cargarse al sector ganadero de la Comunitat Valenciana con una tasa injusta e ilegal que no tiene en cuenta ni la normativa vigente ni las sentencias de los tribunales, un impuesto que se añade a los costes que supone para los ganaderos adaptarse a las normas de bienestar animal propuestas por la Unión Europea y que entrarán en vigor el próximo año con un fuerte desembolso para los menguados bolsillos de los productores.
Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, critica "el afán recaudatorio del EPSAR sobre un canon que no se cobra en ningún otro sitio, para pagarlo siempre los más débiles como es en este caso los ganaderos y que además es contrario a toda la normativa existente".