Boletín Agrario Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural

La cumbre de ministros de Agricultura de la Unión Europea de hoy estaba marcada por la publicación por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea de su informe sobre la reforma de la PAC que se negocia actualmente. Un duro rapapolvo a la propuesta de la Comisión Europea, que critica cada uno de los siete reglamentos presentados.

Aunque el titular de hoy sea demasiado atractivo para obviarlo, el hecho es que se trata de una reacción de la Comisión ante las duras críticas recibidas en el citado informe. Proponer dejar fuera de las ayudas PAC a los "agricultores de sofá" más evidentes, como campos de golf o aeropuertos, no deja de ser una atractiva noticia, aunque lo noticioso debiera ser todo lo contrario. Cabría preguntarse cómo es posible que ejemplos tan flagrantes hayan podido alguna vez beneficiarse de las ayudas recogidas en la Política Agrícola Común y, sin perderse en lamentaciones pasadas, cómo es posible que a CE no diera solución a dicho agravio en su propuesta presentada el pasado año para la PAC del futuro.

El Tribunal de Cuentas cuestiona seriamente la orientación de la propuesta, un borrador que considera que sigue siendo "demasiado complejo". El informe critica que no se establezcan claramente objetivos específicos fijados para los pagos directos y demás políticas, al igual que no se definan metodologías de segumiento y control de los programas (especial mención a las políticas de desarrollo rural). Un modelo de política agraria que, critica el Tribunal, está más centrada en la gestión del gasto que en la obtención de resultados.

En pocas palabras, podemos extraer del demoledor informe que la actual propuesta que está sobre la mesa está más hecha "para el cumplimiento que para el rendimiento", aunque pretendía simplificar la norma no lo consigue y, además, no presenta definición de objetivos, mucho menos establece metodologías de control, aparte de las de gastos. Si a todo esto le sumamos asuntos tan graves como la famosa "tarifa plana" (especialmente para la diversificada agricultura española), que plantea asignar las ayudas en función del número de hectáreas, sin distinguir entre tipos de cultivos o territorios, y descartando conceptos como la productividad o la eficiencia, nos encontramos con una "nueva" Política Agraria Común que apenas es más de lo mismo, con unas asimetrías incluso más agravadas si cabe.

Siguendo con el caso de la "tarifa plana", si lo que se pretende es ahuyentar a los especuladores de la importantísima cadena agroalimentaria, no resulta muy lógico que se establezca el mismo nivel de ayudas para un erial cuyo propietario va al trabajo subido en chófer que para la huerta de un esmerado, sufrido y eficiente "agricultor profesional activo". Respecto al tope máximo en las ayudas, no parece que pueda ser obstáculo insalvable para bregadas y eficaces corporaciones, dedicadas en cuerpo y alma a operar globalmente para beneficio de sus clientes. Seguro que alguien acaba encontrando un sutil resquicio en tan flamante punto de la normativa para justificar una "atomización" de inversiones. "Cabe observar que el efecto de la denominada «limitación» (reducción de la ayuda que rebase determinados niveles) en la redistribución de la ayuda será limitado", apunta el informe del Tribunal sobre el modelo de topes propuesto.

Los titulares ofrecidos hoy por parte de la Comisión son algo tan apetecible como necesario, pero se trata de un asunto que no se debe evaluar sin tener en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas. Mucho menos escribir sobre ello.