Boletín Agrario Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural

Lo fundamental para la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos es que el nuevo gobierno andaluz reconozca el valor estratégico de la agricultura y defienda a un sector que, frente al modelo especulativo que nos ha llevado a la crisis, es un ejemplo de la economía real y generadora de empleo que puede contribuir de manera decisiva a sacar a Andalucía de esta situación.

Esta organización agraria ha recordado que nuestra comunidad, por la importancia de su actividad agraria, debe tener una posición fuerte en el debate de la reforma de la PAC y en las cuestiones relacionadas con la actividad agraria que se deciden en Bruselas. En ese sentido, COAG ha destacado que nuestro país ha cedido tanta soberanía a la UE que ésta firma en nuestro nombre acuerdos comerciales que no responden al interés general, sino al de unos pocos grupos de poder. Por eso, Andalucía debe asumir el papel que le corresponde y rechazar con contundencia los acuerdos que atacan directamente a sus sectores estratégicos, como ha ocurrido recientemente con Marruecos.

Además, en el contexto del debate sobre la reforma de la PAC, el nuevo gobierno debe actuar para garantizar, entre otras las siguientes cuestiones:

• Mantenimiento de los apoyos públicos vinculados al desarrollo de una actividad productiva y generadora de empleo.
• Reconocimiento de la diversidad productiva a la hora de definir esos apoyos públicos, reconociendo así los esfuerzos para incrementar la calidad y productividad agraria, que se traducen en una agricultura más moderna y tecnificada pero con mayores costes de producción.
• Máximos niveles de subsidiariedad que permitan adecuar las líneas generales de la política agraria a las especificidades de la región.
• Introducir y restaurar instrumentos que permitan ordenar el mercado y que doten a Europa de stocks estratégicos en los productos de primera necesidad, con la doble finalidad de garantizar el abastecimiento de la población y evitar las fluctuaciones derivadas de las maniobras especulativas del mercado.

Igualmente, en el ámbito interno, las medidas del nuevo ejecutivo andaluz deben ir encaminadas a conseguir, entre otras cuestiones, las siguientes:

1. Puesta en marcha de una Ley reguladora de la cadena agroalimentaria que dote de mayor transparencia y equilibre las relaciones comerciales entre los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria. Esta norma deberá incorporar mecanismos que garanticen la trazabilidad de los precios, prohíba prácticas desleales como la venta a pérdidas de productos agrarios, incorpore mecanismos para una negociación colectiva de las condiciones de comercialización y adapte la normativa de competencia al sector agrario con el objetivo de reequilibrar el poder negociador de los agentes de la cadena y garantizar la competencia leal entre ellos, la máxima eficiencia de las operaciones y la libertad de elección del consumidor a la hora de adquirir sus productos.
2. Reforma de la Ley de Contratos Tipo Agroalimentarios para que regule las transacciones comerciales garantizando relaciones equitativas entre los productores y el resto de los agentes, y dando certeza y seguridad jurídica a las relaciones comerciales, incluyendo precios referenciados a índices sectoriales determinados, entre ellos, los costes de producción.
3. Fomentar la concentración de la oferta mediante planes específicos sectoriales orientados de integración cooperativa, especialmente en el ámbito de la comercialización, para alcanzar una mayor dimensión empresarial, adecuada al mercado agroalimentario actual.
4. Modificación de la Ley de Organizaciones interprofesionales, de manera que se otorgue seguridad jurídica a los acuerdos sectoriales de carácter plurianual que puedan alcanzarse en el seno de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la gestión de los mercados y dotar de estabilidad a los precios agrarios.
5. Fomentar los canales cortos de comercialización como una alternativa comercial que permita la independencia de las grandes multinacionales que controlan la distribución, además de ofrecer una salida a los productores, llevan asociada otra serie de beneficios de carácter medioambiental y social como la disminución de las necesidades de transporte o la posibilidad de consumir productos más frescos y sanos al acortar los tiempos entre recolección y consumo.
6. Facilitar la producción y transformación en las explotaciones.
7. Promover la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al sector primario para mejorar su eficiencia y permitir un mayor aprovechamiento de su potencial generador de empleo: innovación en el acabado de los productos para adaptarse a la demanda, lucha biológica, mejora en técnicas de producción más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, aprovechamiento de subproductos agrarios en materia energética…
8. Prohibir las patentes indiscriminadas de variedades vegetales y animales para evitar la dependencia de las grandes empresas que controlan insumos y semillas.
9. Declaración de Andalucía zona Libre de transgénicos, como defensa de la calidad de nuestras producciones y dada la vocación exportadora de nuestra comunidad: el 60% de las exportaciones andaluzas se dirigen a países que tienen prohibidos estos cultivos. Además, los consumidores los rechazan.
10. Soberanía alimentaria, que permita a los estados decidir sus propias políticas agrarias y alimentarias.

Por último, Andalucía tiene que liderar una estrategia global en materia de producción, transformación y comercialización en sectores estratégicos como las frutas y hortalizas o el aceite de oliva, que generan el 80% del empleo agrario. Para ello, el gobierno andaluz debe luchar por conseguir el reequilibrio de los precios en origen, utilizando las herramientas de las que disponemos y poniendo en práctica iniciativas valientes, innovadoras e imaginativas que impliquen a la Administración y al sector pero también a las entidades financieras, para que hagan posible la tan necesaria liquidez.

En conclusión, se trata de optar por un sector de economía real, asentado en el territorio, que propone un modelo de desarrollo, riqueza y empleo El sector agrario y la industria a él asociada aportan actualmente el 20% del PIB andaluz, contribuyendo a equilibrar la balanza comercial andaluza, con un superávit de más de 3.500 M€, y constituyendo el principal sector, cuando no el único, generador de empleo en el medio rural (500.000 trabajadores). La producción final agraria alcanzó en 2010 los 10,2 M€, lo que supone casi un 25% de la PFA estatal. Además, nuestra comunidad autónoma cuenta con más de 200.000 explotaciones que tienen una media de 22 hectáreas, muestra del carácter social y de la diversidad de nuestro modelo.

Por eso, frente al menosprecio mostrado por el gobierno de la nación, que ha recortado los fondos para Agricultura en más de un 31%, el futuro gobierno andaluz debe dar a la agricultura y la ganadería el lugar que les corresponde, con apoyo económico pero sobre todo con políticas que garanticen la viabilidad de la actividad agraria y la consoliden como uno de los pilares que pueden contribuir a que Andalucía supere la actual situación de crisis.

Un manifiesto de COAG Andalucía.