Andalucía pide modificar la PPC para garantizar la viabilidad socieconómica del sector pesquero
"La reforma presentada por la CE deber resultar lo menos perjudicial posible para la flota andaluza, dado su carácter estratégico en el abastecimiento alimentario del continente"
La consejera Clara Aguilera ha presentado al Consejo de Gobierno un informe sobre la posición del Gobierno andaluz ante la futura Política Pesquera Común (PPC). Este documento será trasladado a los ponentes de la reforma en el Parlamento Europeo para que los intereses de esta comunidad autónoma se tengan en cuenta en el debate que actualmente se desarrolla en Bruselas y Eststrasburgo
Clara Aguilera ha resaltado que la reforma presentada por la Comisión Europea deber resultar lo menos perjudicial posible para la flota andaluza, dado su carácter estratégico en el abastecimiento alimentario del continente y en la cohesión económica y social de la comunidad. En esta línea, el informe analiza los tres reglamentos que componen la propuesta del nuevo marco pesquero: el relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el proyecto base sobre la PPC y el de la Organización Común de Mercados (OCM).
Barcos en almadraba del litoral atlántico andaluz
La pesca artesanal constituye un pilar básico en el esquema socioeconómico de un gran número de comunidades costeras andaluzas. En la imagen, barcos en almadraba del litoral atlántico
En relación con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el documento subraya la necesidad de una dotación financiera suficiente para lograr la adecuación de la capacidad extractiva de la flota a la explotación sostenible de los recursos pesqueros. Por ello, el Gobierno andaluz se manifiesta en contra de eliminar las ayudas a armadores y tripulantes por paralización temporal y definitiva, así como las dirigidas a modernización de barcos por sustitución del motor propulsor y los motores auxiliares, tal y como prevé la reforma.
A juicio de la Junta, este tipo de incentivos es fundamental para la sostenibilidad de las pesquerías, el mantenimiento de la actividad y la renta de los pescadores y marineros en caso de paro obligatorio por vedas biológicas.
De igual modo, el Gobierno andaluz reclama que no se supriman las ayudas para las iniciativas de diversificación de la actividad pesquera, como las destinadas a mejorar la comercialización y transformación de productos y la construcción de puertos y lonjas.
En cuanto a la propuesta legislativa sobre el reglamento base de la PPC, Clara Aguilera ha destacado como una de las prioridades lograr un mayor reconocimiento a la pesca artesanal, el marisqueo y las almadrabas modificando para ello la definición que recoge el texto actual, basada en la eslora máxima de los buques (12 metros). El documento pide que se diferencie a este tipo de flota teniendo también en cuenta criterios como la frescura de sus productos, la cercanía de los caladeros y la dependencia socioeconómica de los municipios donde se ubican los puertos pesqueros, además de ampliar el requisito de eslora hasta los 20 metros.
Otra de las reivindicaciones andaluzas se dirige a mejorar la propuesta de Bruselas sobre la eliminación de los descartes (la pesca que no puede ser comercializada) a partir de 2014. El informe pide que esta medida se lleve a cabo de forma progresiva y gradual para paliar tanto el impacto económico que tendrá en el sector como el desequilibrio en los mercados. Además, rechaza que se asignen concesiones de pesca transferibles, ya que pueden producir concentración de riqueza y perjudicar a las flotas de menor tamaño.
Rendimiento sostenible
La Administración andaluza también reclama que se posponga de 2015 a 2020 la fecha límite que estipula el texto base para alcanzar el rendimiento máximo sostenible de las poblaciones pesqueras, es decir, porcentajes de capturas que permiten garantizar la explotación de las mismas.
La posición de la Junta sobre el proyecto base de la PPC se completa con la petición de que se mantengan los acuerdos con terceros países, en condiciones de viabilidad y rentabilidad, y con la reclamación de un reconocimiento específico para la acuicultura. Se propone así un marco normativo diferenciado de la actividad, actualmente considerada complementaria de la pesca extractiva, con el fin de asegurar la mejora de la productividad, el apoyo a la implantación de procesos innovadores de producción, manipulación, conservación, distribución y venta.
Finalmente, en relación con el reglamento de la OCM de la pesca, la Junta propone, entre otras medidas, otorgar a las organizaciones de productores mecanismos de intervención que garanticen la recuperación del mercado cuando se produzcan condiciones excepcionales que afecten a los precios.
El sector pesquero andaluz constituye uno de los principales pilares de la economía y el empleo en 25 municipios a lo largo de los más de 800 kilómetros de litoral andaluz. La flota costera artesanal está formada por 1.619 embarcaciones, de las que 877 operan en el Golfo de Cádiz y 690 en el Caladero Mediterráneo. A ellas hay que añadir otros 52 barcos que faenan en caladeros de terceros países, fundamentalmente embarcaciones de arrastre dedicadas a la pesca y congelación a bordo de crustáceos en el litoral africano.
En 2011, la producción pesquera de la comunidad autónoma alcanzó las 73.700 toneladas, con un valor de 245 millones de euros. La mayor parte de este volumen de negocio, el 81%, corresponde a la pesca fresca comercializada en lonja, seguida de la ejercida por la flota congeladora (7,45%).