Rechazan la obligatoriedad de la contratación de un seguro para compensar daños producidos por lobos
El Consejo de Gobierno de Castilla y Leán ha aprobado esta medida, según UCCL, incumpliendo los compromisos adquiridos por su presidente
El Consejo de Gobierno de Castilla y León celebrado este jueves, 10 de noviembre, ha aprobado una medida por la que se establece la obligatoriedad de contratar un seguro específico por parte del ganadero para que se le compensen los daños provocados por los ataques del lobo, según informan desde UCCL. Desde esta organización acusan al Presidente Juan Vicente Herrera de incumplir sus compromisos.
Desde esta Organización se lamenta que Juan Vicente Herrera haya incumplido su compromiso de apoyo y respaldo a la ganadería extensiva en este tema durante la campaña electoral
Una vez que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado hoy, 10 de noviembre, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL rechaza frontalmente la obligatoriedad de suscripción del seguro por parte del ganadero para que se le compensen los daños producidos en su explotación por un ataque de lobo y sigue exigiendo que la Administración Regional asuma, vía patrimonio, la totalidad de los perjuicios que provoquen las incursiones de estos animales.
Esta Organización lamenta que Juan Vicente Herrera haya incumplido, por un lado, su promesa electoral de dar una solución a este y, por otro, una vez que fue nombrado presidente y en su última reunión con las OPAs asumió el compromiso de convocar un encuentro con el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván que no se ha producido.
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) denuncia que el fuerte incremento de los ataques de lobos en los últimos años está poniendo en peligro a la ganadería extensiva de esta región que no se puede olvidar supone una fuente importante de riqueza y empleos en zonas muy desfavorecidas. Por todo esto, desde esta Organización se reitera la necesidad de que la Administración Regional compense a estos profesionales la totalidad de los daños producidos, considerando absolutamente insuficiente un sistema de seguros que ya ha demostrado en los últimos años su total ineficacia para solventar este problema y del que la única supuesta mejoría que se ofrece es una agilidad en los pagos que, viendo la situación precaria por la que pasan en estos momentos las arcas de la Junta de Castilla y León, no parece muy viable.