Boletín Agrario Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural

Unió de Pagesos ve con mucha preocupación las medidas de reforma de la Política Agraria Común (PAC) que la Comisión Europea presentará mañana, ya que la progresiva introducción de una inequitativa tarifa plana nacional a partir del 2014 para distribuir las ayudas directas de la PAC -o de una tarifa europea como muy tarde en 2028 - reduce estas ayudas en Cataluña alrededor de un 30%, 85 millones de euros. Además, el destino de otro 30% de las ayudas directas actuales a nuevas medidas de prácticas agrarias medioambientales, que se suman a las obligaciones productivas que ya existen en la Unión Europea, haría reducir como mínimo en 85 millones más los márgenes netos actuales de las actividades productivas, al introducir nuevos sobrecostes que el mercado no remunera por la competencia desleal: los productos europeos deben competir en el propio mercado de la UE con productos de fuera, a menudo sin diferenciar pero con costes de producción inferiores, porque no están obligados a cumplir los mismos requisitos. Por tanto, la reducción de la renta agraria catalana entre ambas medidas sería de alrededor de un 10%, que se sumará a la reducción acumulada, según datos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, de un 38% en términos constantes entre los años 2001 y 2010.

La Comisión Europea presenta mañana este conjunto de propuestas de reformas normativas de la Política Agraria Común (PAC) para modificar la principal política común a partir del año 2014, reformas que, de acuerdo con los tratados de la Unión Europea, desde mañana entran en proceso de codecisión legislativa entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, algo que puede alargarse varios años en caso de desacuerdo entre ambas instituciones.

La tarifa plana discrimina a los países mediterráneos.

Unió de Pagesos comparte con la Comisión Europea (CE) que el mantenimiento de las ayudas directas basadas en referencias históricas consagra una distribución muy desigual que, cuanto más tiempo pasa, más se aleja de la realidad económica y no responde a las exigencias de la ciudadanía europea. No obstante, no se puede obviar ni en períodos transitorios que no está justificado ni económica, ni agronómicamente llegar a una sola base en las ayudas directas, ya que la agricultura y ganadería de los países mediterráneos disponen de una gran variedad de sistemas productivos (secano y regadío, cultivos anuales y permanentes o ganadería intensiva y extensiva ...) con costes, producciones y amortizaciones de las inversiones muy diferentes, por lo que este sindicato considera contrarias al principio de proporcionalidad tales propuestas de la Comisión Europea.

Más medidas adicionales en la UE agravan la competencia desleal.

Unió de Pagesos considera inviable para la competitividad de la agricultura y ganadería europeas añadir más obligaciones a las normas de producción, ya que en la actualidad nuestra producción adolece de una gran competencia desleal frente a las importaciones de productos originarios de terceros países que no tienen que cumplir las más estrictas normativas del mundo en materias de seguridad y trazabilidad alimentarias, de medio ambiente, de protección del agua y de bienestar animal. Nuestras producciones compiten en el propio mercado europeo con productos del resto del mundo que no deben cumplir, y por tanto que no soportan este sobrecoste y que a menudo no se pueden identificar por el origen. Para el sindicato, hay que modificar profundamente la propuesta de la CE de destinar un 30% de las ayudas directas actuales a medidas de prácticas agrarias medioambientales adicionales y aprovechar esta reforma para poner en valor estas mayores exigencias europeas que ya existen, pero que actualmente no reconoce ni remunera el mercado.

Los mecanismos de crisis de mercado no se ajustan a las necesidades valoradas por la propia UE.

Unió de Pagesos también ve con preocupación las propuestas de la Comisión Europea para hacer frente a las crisis en el mercado, ya que son de poco calado respecto a los bajos precios en origen y, además, olvidan los fuertes incrementos de costes de producción cuando las crisis derivadas de ambas causas son cada vez más frecuentes en los mercados agroalimentarios europeos y los campesinos las sufren más que nadie. Estas propuestas sólo contemplan, para el periodo 2014 a 2020, de 531 a 598 millones de euros anuales para el nuevo fondo de crisis, sin criterios objetivos que desencadenen su aplicación y sujeto al acuerdo previo de los 27 estados, lo que genera un seria duda sobre su aplicación para las crisis de los sectores mediterráneos. Además, según los cálculos de la propia Comisión, en el caso de haber existido una herramienta de estabilización de ingresos por la UE-25, entre 1998 y 2007, habrían existido unas necesidades medias anuales de 6.152 millones de euros.

La herramienta de estabilización de ingresos debe ser igual para todos los países miembros.

Para Unió de Pagesos, resulta indignante que la Comisión proponga que una herramienta de estabilización de ingresos incluya en el desarrollo rural, es decir, cofinanciada por los Estados y / o regiones de la Unión Europea y, por tanto, que pueda estar instaurada en unos estados sí y en otros no o en unas regiones sí y en otras no, ya que en el desarrollo rural la herramienta sería facultativa, con las graves competencias desleales que se pueden generar entre productores afectados por una misma crisis, unos con seguro de ingresos y otros sin. Además, tampoco se propone una redistribución de los fondos europeos del desarrollo rural (2014-2020) que tenga en cuenta que el 23,24% de las necesidades medias de la UE-25 (1998 a 2007) de una herramienta de estabilización los ingresos corresponde al Estado español, cuando en la distribución de estos fondos actualmente el Estado español tiene poco más del 8,36%.