Boletín Agrario Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural

La nueva maniobra política del gobierno autonómico para la delegación de competencias a través de una Ley Orgánica puede abrir una guerra electoral que conduciría al total colapso. ASAJA GRANADA advierte de este peligro y denuncia el grave perjuicio que se está causando a los agricultores, que usan el agua como principal elemento de su actividad productiva y ven como se paraliza cualquier diligencia administrativa que les afecta: concesiones, autorizaciones de dominio público, reclamación de sanciones, etcétera.

Tras la encomienda de gestión acordada por las administraciones autonómica y central el 7 de abril de 2011 por un periodo transitorio de seis meses que cumplirán en octubre (si no hay alguna jugada prevista, puesto que no se ha publicado ni en el BOE ni en el BOJA y podría empezar a contarse el plazo desde la fecha de publicación y no desde la fecha de la firma), no se ha resuelto ningún solo expediente administrativo. Nadie se atreve a firmar ninguna resolución dada la situación de ilegalidad que comporta la encomienda. Este intento de la Junta de Andalucía de resistir y demorar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía de ostentación de competencias exclusivas sobre la Cuenca del Guadalquivir, así como de la sentencia del Tribunal Supremo que deroga el Decreto 1666/2008 por el que se traspasaban a la administración andaluza esas competencias, no ha servido para otra cosa que para bloquear la gestión del agua en nuestra comunidad autónoma, con el consiguiente perjuicio causado a los agricultores, que usan este bien común como uno de los principales elementos de su actividad productiva.

Nada parece detener, sin embargo, a la Junta de Andalucía en su ilegítimo afán por mantener el control sobre el Guadalquivir. Ha maquinado ya la cesión de la policía de vigilancia del dominio público hidráulico, como primer paso, y no abandonando sus indebidas aspiraciones hacia una gestión compartida del río ha iniciado los trámites para la aprobación de una Ley Orgánica que le permita la delegación de las funciones que los tribunales ya le han negado una vez. Podría abrirse una guerra electoral entre partidos que conduciría al colapso total en la Cuenca del Guadalquivir, y de conseguirse finalmente las pretensiones del PSOE se tendría que abrir un nuevo procedimiento de anulación de los decretos y leyes que se aprueben. Vuelta a empezar y tiempo transcurrido para no llegar a ninguna parte y eludir la definitiva solución sobre la gestión hidrológica de la Cuenca.

ASAJA GRANADA advierte de estos peligros y demanda a los políticos que dejen de lado cuestiones electoralistas con relación a esta materia que afecta a los máximos usuarios del agua, los agricultores, paralizándoles cualquier diligencia de carácter administrativo: concesiones, autorizaciones de dominio público, reclamación de sanciones, etcétera, a fin de no prolongar más la situación de actual desgobierno de la Cuenca. Exige, por tanto, el retorno a la normalidad constitucional y a la seguridad jurídica, lo que pasa por la devolución al Estado de las competencias sobre el Guadalquivir en aras de preservar el ineludible principio de unidad de cuenca, fundamento contra el artículo 51 del Estatuto de Autonomía.

Un comunicado de Asaja Granada