Se aprueba la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias
El Proyecto de Ley será elevado a las Cortes Generales, con el objetivo de ser incorporado al ordenamiento jurídico dentro de la actual legislatura
El Consejo de Ministros de este viernes ha dado el visto bueno al proyecto de Ley, una iniciativa legal acometida por el Gobierno para promover y favorecer la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el medio rural, quebeneficiará a 100.000 mujeres. En la actualidad, el 71% de los titulares de explotaciones agrarias son hombres y el trabajo femenino es considerado sólo como ayuda familiar.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley sobre Titularidad Compartida en las explotaciones agrarias, una iniciativa legal acometida por el Gobierno para promover y favorecer la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el medio rural, a través del reconocimiento jurídico y económico derivado de su participación en la actividad agraria.
En la actualidad, el 82% de las mujeres rurales trabajan en el campo en calidad de cónyuges o hijas y, sin embargo, en la mayoría de los casos, el 71,2% concretamente, los titulares de la explotación son hombres. En este contexto, la labor de las mujeres se considera como una "ayuda familiar", de forma que a pesar de trabajar en las explotaciones no pueden gestionarlas administrativamente ni consolidan ningún derecho cuando los titulares son sólo sus cónyuges.
El nuevo marco legal que ofrece la titularidad compartida, además de la regulación de los efectos administrativos, promoverá una acción positiva dando visibilidad fundamentalmente a las mujeres y permitiendo que éstas puedan ejercer y disfrutar de todos los derechos derivados de su trabajo en las explotaciones agrícolas en términos de igualdad con respecto a los hombres.
El régimen que ofrece la presente Ley es aplicable a matrimonios y parejas de análoga relación de afectividad.
Para alcanzar estos objetivos, la Ley ofrece tres opciones, la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada; la creación de una unidad económica, sin personalidad jurídica, que se inscribirán en el Registro de Titularidad Compartida y, cuando no sean posibles ninguna de las dos alternativas anteriores, el reconocimiento de los derechos económicos generados por el trabajo como contraprestación por su actividad.
Como novedad, tras el periodo de consulta pública al que ha sido sometido el texto del proyecto de Ley, se ha introducido un cambio fundamental como es que no se exigirá a los cotitulares de las explotación que sean agricultores profesionales, si bien para tener la consideración de explotación prioritaria si será necesario, entre otras condiciones, que al menos una de las personas titulares sea agricultor profesional. Las explotaciones prioritarias gozarán de preferencia para la obtención de beneficios, ayudas y demás medidas de fomento impulsadas por las administraciones públicas.
En todas las explotaciones agrarias de titularidad compartida las subvenciones se repartirán al 50 por ciento entre las dos personas titulares. También se repartirán al 50 por ciento los rendimientos de la explotación entre las personas titulares y, dado que la administración es compartida, la representación será solidaria, reconociéndose así la capacidad de ambos miembros para comprometer la explotación.
Por su parte, y para potenciar su participación, ambos titulares tendrán un derecho preferente en formación y asesoramiento a los profesionales de la agricultura.
El proyecto de Ley ha sido elaborado por el Grupo Interministerial de Titularidad Compartida, en el que han participado cinco departamentos ministeriales, coordinados por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, habiendo colaborado también las organizaciones de mujeres rurales de ámbito nacional. Con su aprobación en el Consejo de Ministros de hoy el Gobierno, responde al compromiso asumido para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario. El Proyecto de Ley aprobado hoy será elevado a las Cortes Generales, con la voluntad de ser incorporado al ordenamiento jurídico dentro de la actual legislatura.