El Consejo Europeo da vida a la propuesta de modificar la legislación sobre el cultivo de OGM
La Comisión logra salvar el texto pese a la oposición frontal de Francia, Alemania e Italia
Hoy se ha celebrado en Bruselas la reunión del Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, foro en el que se ha discutido sobre la regulación del cultivo de transgénicos por parte de cada país, una propuesta rechazada por defensores y detractores de los OGM, con España y Francia a la cabeza. Esta última se opone a seguir discutiendo sobre dicha propuesta.
En declaraciones previas a la celebración del Consejo de Europeo de Medio Ambiente celebrado hoy en Bruselas, la secretaria de estado de de Cambio Climático y representante de nuestro país, Teresa Ribera, reafirmaba la firme oposición por parte del gobierno de España a la propuesta de la Comisión Europea. Dicha propuesta otorgaría capacidad de decisión y veto a cada miembro en relación al cultivo de organismos genéticamente modificados. Ribera ha declarado que "si volvemos a un proceso de nacionalización de las producciones en este campo, corremos el riesgo de crear un precedente que podría, por ejemplo, ser muy duro en Materia de Medio Ambiente".
Como no podía ser de otra forma, la secretaria de estado tuvo que responder a preguntas relacionadas con las últimas filtraciones de Wikileaks y que aparecieron ayer publicadas en el periódico El País. "No voy a comentar las valoraciones personales que se hagan de una conversación del secretario de Estado", ha dicho Ribera, añadiendo que esa es una cuestión que debe hacerse a su colega Josep Puxeu. También ha querido dejar claro que, tanto el antiguo Ministerio de Medio Ambiente como el actual MARM, así como el resto del Gobierno, tratan los asuntos "con el máximo rigor científico".
Ante la incómoda pregunta de si temía que algún estado miembro de la UE pudiera echarle en cara nuestra supuesta connivencia con los Estados Unidos a favor de la liberalización de este tipo de cultivo, la secretaria de estado respondía tangencialmente, aprovechando la postura de Francia y otros estados contrarios a los OGM, que también rechazan el intento de atomizar el marco europeo medioambiental que marca las directrices de los transgénicos. "Si volviéramos a un esquema en el que todos quieren vetar o analizar sin fiarse de los demás, estaríamos generando un germen bastante peligroso para la unidad de mercado", concluye Ribera en este sentido.
Esta es una valoración que, efectivamente, es compatida, en mayor o menor medida por buena parte de los países miembros de la UE. Francia, principal valedora de los opositores al cultivo de OGM en Europa, ha mostrado su total rechazo a esta propuesta. Incluso va más allá que España, pues se opone a seguir discutiendo el asunto. La secretaria de Estado de Ecología del país vecino, Nathalie Kosciusko-Morizet, ha afirmado que no es posible analizar dicha propuesta hasta que no se consigan resultados "significativos y tangibles" en la mejora de la reglamentación comunitaria, añadiendo además las dudas de Francia respecto a la compatibilidad de la propuesta de la Comisión con la actual Organización Común de Mercados.
Aparte de España y Francia, normalmente opuestos en materia de OGM, la propuesta también es rechazada frontalmente por otros países, como Italia, Turquía, Alemania o Polonia. Pero un gran número de países parece dispuesto a dejar la puerta abierta a las negociaciones, condicionando la propuesta a la mejora de los aspectos jurídicos y la garantía de contar con las evaluaciones de impacto sobre la posible implantación del nuevo reglamento. En este sentido, Hungría se compromete a mejorar el sistema de autorización comunitario de transgénicos durante el próximo semestre, coincidiendo con su período al frente de la Presidencia Europea.
Esta propuesta parte de una iniciativa presentada en junio por parte del Comisario Europeo de Salud, el maltés John Dalli, quien a principios de este mes de diciembre recibió más de un millón de firmas recogidas por Greenpeace y Avaaz. En dicha campaña se pide una moratoria en materia de transgénicos y la sustitución de la actual Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. El propio Dalli se ha encargado de tranquilizar a los ministros de agricultura, asegurando que "No tenemos la intención de congelar el proceso de autorizaciones en curso en el seno de la UE" (AFP).
La Comisión de Medio Ambiente, dirigida por el esloveno Janez Potocnik se ha comprometido a presentar una evaluación del impacto socioeconómico de la medida para comienzos de año, mostrándose además satisfecha con la decisión adoptada por parte del Consejo. La propuesta sigue adelante, pese al rechazo frontal por parte de las principales potencias, léase Francia y Alemania. En cuanto a España, pese a las dotes elusivas de nuestra secretaria de estado, resulta difícil aceptar que el escándalo descubierto por Wikileaks no haya hecho mella en la credibilidad de España y nuestra capacidad negociadora en materia de organismos transgénicos.
La importancia de esta medida para nuestro país es enorme, no tanto por las cifras globales que nos sitúan como principal productor de transgénicos de toda Europa, aunque sea con mucha diferencia. Parece que la continuidad del maíz MON-810 está asegurada, ya que de no renovársele la autorización, la Comisión expedirá una autorización similar a la que le condeció a la patata transgénica Amflora. El principal problema radica en la organización territorial de nuestro país y en el hecho de que las competencias relacionadas con agricultura pertenecen a cada una de las 17 Comunidades Autónomas. De aprobarse la medida podría suceder, por ejemplo, que la Rioja y Navarra decidan tener legislaciones totalmente dispares en materia de cultivos transgénicos, lo que se presenta no sólo como un escenario caótico, sino que es irrealizable en la práctica.