COAG reclama seguridad jurídica para la negociación colectiva de precios agrarios
Se buscan las soluciones más adecuadas para que agricultores puedan negociar precios de igualdad
Los agricultores no entienden la cruzada de la CNC contra el sector productor y la ceguera en torno al oligopolio que conforman las grandes cadenas de distribución.
El caso español contrasta con la aplicación de las leyes comunitarias en materia de competencia de otros Estados Miembros, en los que las interprofesionales agroalimentarias tienen las bendiciones gubernamentales para negociar precios.
Ante la situación de crisis e indefensión que vive el sector productor, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reclama al Gobierno que la futura Ley de calidad agroalimentaria suponga el paso definitivo para dotar de seguridad jurídica a la negociación colectiva de precios agrarios. "No entendemos que por un lado la CNC persiga cualquier movimiento de los agricultores y ganaderos para concentrar la oferta mientras que el oligopolio que conforman las cinco grandes cadenas de distribución pasa totalmente desapercibido ante sus ojos", ha señalado Miguel López, Secretario General de COAG.
Tal y como reconoce el propio Parlamento y la Comisión Europea, en su comunicación oficial del 28 de octubre de 2009 [1]… "en la cadena alimentaria, la existencia de desequilibrios considerables en el poder de negociación de las partes contratantes es un fenómeno habitual y las partes interesadas han señalado que constituye una grave preocupación. Esta asimetría en el poder de negociación puede dar lugar a prácticas comerciales desleales, puesto que los operadores de mayor tamaño y más poderosos intentan imponer acuerdos contractuales que los favorezcan…".
En este sentido, desde COAG se consideran necesaria una reforma legislativa que otorgue a la interprofesionales agroalimentarias la capacidad negociadora sobre los contratos agrarios. Es una de las medidas más importantes y necesarias para lograr el reequlibrio y vertebración de la cadena de valor, tal y como propugnan las autoridades comunitarias. "El caso español contrasta con la aplicación de las leyes comunitarias en materia de competencia de otros Estados Miembros, (caso de Francia por ejemplo), en las que las interprofesionales agroalimentarias tienen las bendiciones gubernamentales para negociar precios", ha apuntado López.
Por el interés general, se deben buscar las soluciones más adecuadas para que agricultores y ganaderos puedan negociar precios en condiciones de igualdad con el resto de los eslabones de la cadena y de esa manera todos puedan participar del valor de los productos agrarios, manteniendo unos márgenes comerciales razonables y unos niveles de renta sostenibles."Resulta llamativa esa teórica defensa del consumidor a corto plazo que hace la CNC sin mirar las consecuencias de la desaparición de nuestro tejido productivo. ¿No debería plantarse la CNC las consecuencias a medio y largo plazo pueda tener para los consumidores una mayor dependencia de las importaciones realizadas por unas cuantas empresas de distribución? Pagarán más y la calidad será inferior", ha concluido el Secretario General de COAG.