UPA-Andalucía denuncia a Carrefour, por publicidad engañosa y presunto fraude a los consumidores
Hace un llamamiento al Gobierno para que pongan freno a la política abusiva de la gran distribución
El Secretario General, Agustín Rodríguez, afirma que este tipo de ofertas deprecia un producto de alta calidad porque la publicidad y el contenido de los envases que se venden no se corresponden con la realidad.
UPA-Andalucía presenta una denuncia contra Carrefour por publicidad engañosa y un presunto fraude a los consumidores. El Secretario General, Agustín Rodríguez, explicó en rueda de prensa en Jaén que la Organización ha constatado la existencia de los dos presuntos delitos en una oferta vigente entre el 6 y el 22 de mayo en todos los centros de Carrefour en Andalucía.
En ella, se publicitaba una garrafa de aceite virgen extra de 5 litros a 9,95, con los sellos de calidad certificada y de la Denominación de Origen Sierra Mágina. Y lo que ha podido comprobar UPA-Andalucía es que en el envase no hay ni calidad certificada ni aceite calificado del consejo regulador de Sierra Mágina y, además, el contenido de la garrafa no es aceite virgen extra, sino virgen con una calificación próxima al lampante.
Agustín Rodríguez afirmó que UPA requirió un notario para que abriera procedimiento y pidiera al laboratorio oficial de la Consejería de Agricultura y Pesca de Atarfe y a otro laboratorio particular que analizara su contenido. "El resultado de ambos análisis demuestra que el aceite que se publicita como virgen extra es aceite de oliva virgen.
Precisamente, el informe de la hoja de perfil del laboratorio de la Junta dice textualmente: ‘frutado de aceituna algo defectuoso. Olor y regusto a atrojado/borras, muy ligero moho. Amargo y picante con intensidad ligera. Clasificación: virgen. No cumple para la categoría extra’.
Por lo tanto, estamos ante un presunto fraude hacia los consumidores, ya que Carrefour tiene la obligación legal de comprobar la autenticidad del producto publicitado y que vende en sus lineales", expuso Agustín Rodríguez. Por ambos motivos, UPA-Andalucía presenta una denuncia ante las Consejerías de Consumo y de Agricultura. Igualmente, Agustín Rodríguez confirmó que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina también está estudiando acciones legales por daños y perjuicios.
UPA-Andalucía continuará inspeccionando todas aquellas ofertas de la gran distribución cuyos aceites de oliva se vendan por debajo de los costes de producción.
"Entendemos que esta política abusiva de la gran distribución es la primera responsable de la situación de precios en origen que no nos permiten, ni siquiera, cubrir los costes de producción. El sector olivarero sufre precios ridículos como consecuencia de unas campañas machaconas, permanentes, en medio de una guerra por la cuota de mercado de la gran distribución y que están hundiendo este producto. Además, la oferta permanente, utilizando el aceite de oliva como producto reclamo, deprecia un producto de alta calidad, sobre todo en una situación crítica no sólo para los olivareros, sino también para las marcas y las industrias, que son sometidos al chantaje por la gran distribución", indicó Agustín Rodríguez.
El Secretario General de UPA-Andalucía hizo un llamamiento firme a las autoridades competentes de Consumo. "Recientemente, la Consejería ha anunciado inspecciones en dos provincias, y nosotros le pedimos que lo haga en las ocho provincias andaluzas.
Consumo tiene la obligación de perseguir los presuntos fraudes que se pueden estar cometiendo, sobre todo a través de la publicidad engañosa que reiteradamente viene realizando la gran distribución", dijo. Y también adelantó que UPA-Andalucía se pondrá en contacto con las asociaciones de consumidores para intentar que actúen porque los consumidores también son víctimas, como los productores, de este abuso permanente de la gran distribución.
Por último, Agustín Rodríguez fue tajante al afirmar: "No es posible esperar al 2013 para reformar normas básicas que frenen esta política abusiva que perjudica a productores, a industria y a consumidores. El Gobierno tiene la obligación de pasar a la acción y no esperar las reformas de Bruselas. Es posible modificar la Ley de regulación del mercado minorista para perseguir la venta a pérdidas, la Ley de la Inteprofesión que permita la legalidad para fijar precios mínimos ligados a los costes de producción en periodos de crisis, y son posibles reformas sobre la competencia. No podemos consentir por más tiempo esta política abusiva de la gran distribución, cuyo resultado es la destrucción de tejido productivo todos los días".