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Rechazo rotundo a "las desamortizaciones de Cospedal"

Opinión: El gobierno regional de Castilla-La Mancha ha identificado 57 montes de utilidad pública susceptibles de venta, que suman una superficie total de 40.038 hectáreas

22-03-2013 por Alonso Aguilar La Asociación de Forestales de España y las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF han lanzado un manifiesto en defensa de los montes de titularidad pública. Este pasado mes de enero se conoció la intención del Gobierno de Cospedal de vender parte de este patrimonio público, una decisión que amenaza con extenderse a todo el Estado

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Este miércoles 20 de marzo se presentó en Toledo el Manifiesto en Defensa de los Montes de Utilidad Pública, bajo iniciativa conjunta de la Asociación de Forestales de España (PROFOR) y las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF. Sus impulsores destacan que se trata de un manifiesto "abierto a las adhesiones de todo tipo de colectivos y entidades como respuesta al proyecto de Castilla-La Mancha de vender los montes públicos". Algo que ya han hecho más de 80 organizaciones de la más diversa índole,  entre las que se encuentran empresas, sindicatos, propietarios forestales, centros de investigación, universidades, escuelas de formación forestal y colegios profesionales. 

 
María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría en el Vaticano
• 07-10-2012   Captura de pantalla (Tele5)  

Es conocida la intención del gobierno regional de Castilla-La Mancha de poner en venta parte de su patrimonio recogido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, así como otros espacios forestales de su propiedad. Este pasado mes de enero la Junta encargó a las delegaciones provinciales de Medio Ambiente la realización de informes sobre una serie de montes públicos, con la intención de estudiar las posibilidades de desafectación y así permitir la privatización de los mismos. "De los 228 montes de utilidad pública existentes en Castilla-La Mancha, que protegen una superficie de 170.471 hectáreas, el Gobierno de esta Comunidad Autónoma habría identificado en un primer momento 57, con una superficie total de 40.038 hectáreas susceptibles de venta", denuncian los detractores de esta medida en la nota de prensa que acompaña al Manifiesto.

El gobierno regional de María Dolores de Cospedal ha identificado 57 montes de utilidad pública susceptibles de venta, que suman una superficie total de 40.038 hectáreas

Una nueva amenaza al interés general que, aunque inicialmente circunscrita al ámbito castellano-manchego, puede acabar extendiéndose al resto de España bajo el abrigo de la nueva Ley de Montes. "Es muy preocupante que en vísperas de la reforma de la Ley de Montes anunciada por el Gobierno empiece a hablarse de la venta del patrimonio forestal público", declaró Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace. “En Castilla-La Mancha hablan de vender, en la Comunidad Valenciana de alquiler por 20 años y en la Comunidad de Madrid de convertir montes de utilidad pública en campos de golf. Todo suena a lo mismo, privatización”. En todo el Estado, los montes de utilidad pública ocupan una superficie de 6,57 millones de hectáreas, cifra que representa el 13% de la superficie total del país. “Detrás de la medida se esconde una modificación legislativa a nivel estatal que traería consigo una cascada de ventas en toda España”, declaró Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción. 

Las cuentas públicas de la Comunidad de Castilla-La Mancha  son desatrosas: Según los datos del Banco de España es la región más endeudada en relación a su PIB, con nada menos que un 25,7% (puesto del que ha desbancado a la Comunitat Valenciana). Un desequilibrio presupuestario que se encuentra detrás de los recortes en servicios públicos que están sufriendo los castellanomanchegos. Recortes y afán pecuniario a toda costa, aunque con ello haya que desgraciar décadas de esfuerzo e inversión. Pero, ¿realmente se espera recaudar tanto dinero con la venta de montes públicos? 

el plan consistiría en malvender por una fracción de la recaudación anual de 2013 aproximadamente la superficie pública forestal recuperada en la CCAA en los últimos 20 años

Si atendemos a los Presupuestos Generales de la Junta para 2013 la respuesta es claramente NO. 

Según lo recogido en estos Presupuestos,  se estima que los ingresos previstos por la venta de ‘terrenos no urbanos’ para este año asciendan a más de 45 millones de euros, lo que apenas supondría un 0,6% de la recaudación total prevista  (el 99% iría para la Consejería de Hacienda y el 1% restante, menos de 500.000 euros, a la de Agricultura), como denunciaba un análisis elaborado el pasado mes de febrero por el área de medio ambiente de EQUO-Castilla-La Mancha . En otras palabras, el plan consistiría en malvender por una fracción de la recaudación anual de 2013 aproximadamente la superficie pública forestal recuperada en la Comunidad Autónoma a lo largo de los últimos 20 años. 

Hablar de la historia contemporánea de España es hablar de eternas y baldías   desamortizaciones, que nos enseñan una clara lección: Estas medidas no sirvieron para dinamizar las sociedades del siglo XIX (más bien se consiguió todo lo contrario), por lo que difícilmente podrían hacerlo hoy en día; además, lo que se consigue recaudar es, a medio plazo, una despreciable fracción de lo que se pierde para el interés general. Y la historia también nos cuenta que, una vez más, los grandes beneficiarios de esta medida serán los grandes latifundistas. Más beneficio para los más potentados a costa del bien común... ¿les suena de algo?  

 
Cría de cigüeñas negras (Ciconia nigra) en nidos artificiales
• 01-08-2011   MARM  

Un ejemplar adulto de cigüeña negra alimenta a sus cuatro polluelos, que se crían en la instalación de nidos artificiales montada en la finca pública de Quintos de Mora, en los Montes de Toledo. Algo menor que la familiar cigüeña blanca, Ciconia nigra tiene una talla de 90 a 100 cm, y una envergadura que sobrepasa los 160 cm. El peso aproximado es de 3 kg.

Quizá la gran diferencia de esta nueva "desamortización" estriba en que, si las desafectaciones decimonónicas se realizaron, aparte del afán recaudatorio, con el argumento de incorporar al mercado y dar uso a tierras "de manos muertas" para así reactivar la economía de la España rural, en esta ocasión la venta de tierras públicas está orientada únicamente a nutrir las arcas del gobierno regional, sin ocultar que "la de Cospedal" no hará sino incrementar el número y las dimensiones de los exclusivos cotos privados de caza propiedad  de las grandes fortunas, tan abundantes en provincias como Toledo y Ciudad Real. 

Una orientación hacia el negocio de la caza mayor que se constata si atendemos al  precedente que se produjo este pasado mes de octubre de 2012, cuando el gobierno de Cospedal desprotegió tres refugios naturales para dedicarlos a la actividad cinegética, pese a la amenaza que esto supone para especies protegidas tan importantes como el águila imperial, el flamenco, el lince o la cigüeña negra. "Aducir con aparente inocencia y en el preámbulo del decreto que se descatalogan los refugios de fauna porque se ha demostrado que es posible realizar un aprovechamiento ordenado, oculta una realidad mucho más cruda, que la Junta quiere sacar a subasta pública la caza, al objeto de que empresarios cinegéticos se aprovechen del buen estado de conservación de las poblaciones de los ungulados existentes en estas fincas", denunciaba entonces la organización Ecologistas en Acción. 

 
Dehesón del Encinar, en Oropesa (Toledo)
• Ecologistas en Acción  

Este paraje natural es un relicto de las antiguas dehesas de encinares tan características de la península ibérica. Un total de 750 hectáreas propiedad en su día de la mancomunidad de los pueblos de la Campana de Oropesa y que fue cedido a la Junta para alojar el hoy "desamortizado" Centro de Investigaciones Agropecuarias Dehesón del Encinar". Al fondo, la cara sur de la Sierra de Gredos.

La intención del gobierno de Castilla-La Mancha muestra su gravedad si tenemos en cuenta que las tierras recogidas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública que se pretenden privatizar se salvaron de las grandes desamortizaciones del XIX, siendo esta una de las primeras tareas que se le encomendó al entonces recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes, como explican las organizaciones promotoras del Manifiesto: "El origen del actual Catálogo de Montes de Utilidad Pública es el resultado del trabajo de la primera generación de Ingenieros de Montes en España en defensa de la superficie forestal arbolada previa al proceso desamortizador de la segunda mitad del siglo XIX, en especial la Ley de Desamortización General de Pascual Madoz de 1855. Durante este proceso, la ley exceptuó de la enajenación y subasta pública ′los montes y los bosques cuya venta no crea oportuna el gobierno′. Gracias a esta excepción, muchas de las masas forestales que componen el actual paisaje forestal de nuestro territorio se salvaron de un futuro incierto". 

El Manifiesto en Defensa de los montes de Utilidad Pública que, vuelvo a recordar, está abierto a la adhesión de las organización que así lo crean conveniente, arranca con una cita de Agustín Pascual González, primer ingeniero de montes que hubo en España e impulsor de la Administración forestal: 

“El problema de los montes no es una simple cuestión financiera, que los montes deben llenar un objeto de porvenir o, mejor dicho, de perpetuidad, y que el interés local no siempre está de acuerdo con el interés general”.

Sabias palabras que deberían ser tomadas en justa consideración, especialmente por aquellos que se hacen llamar "conservadores". La inmensa labor de este padre de la ingeniería forestal y pionero de la conservación ambiental ha sido capaz de llegar hasta nuestros días... ¿pasará lo mismo con el legado de Cospedal?

Alonso Aguilar

Director de Boletín Agrario

              

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