Boletín Agrario Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural

Reforma de la Ley de Costas: Comisión de Peticiones del PE investiga relaciones del "Informe Auken"

Las ONG ecologistas advierten de "la inseguridad jurídica, los riesgos del cambio climático y la vulneración del derecho comunitario"

Varias Organizaciones

Varias organizaciones ecologistas españolas se han reunido con la delegación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo que visita España para investigar la relación entre la reforma de la Ley de Costas y el informe del propio comité, de 2009, sobre el desarrollo urbanístico en el litoral español, conocido como el "Informe Auken".

Playa de Es Codolá en Sant Josep, Ibiza

Playa de Es Codolá en Sant Josep, Ibiza

Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España analizan la reforma de la Ley de Costas con el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo

Las ONG advierten de la inseguridad jurídica, los riesgos del cambio climático y la vulneración del derecho comunitario Las eurodiputadas expresan su indignación ante la utilización interesada del "Informe Auken" para justificar la reforma y favorecer los intereses económicos especulativos, a costa del futuro del litoral español y la apuesta por el turismo de calidad 

Esta mañana las ONG Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España se han reunido con una delegación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, con motivo de su visita a España para investigar la relación entre la reforma de la Ley de Costas y el informe del propio comité, de 2009, sobre el desarrollo urbanístico en el litoral español (conocido como el "Informe Auken"). 

Las ONG han insistido en los siguientes puntos:  

  • La reforma de la ley crea más inseguridad jurídica, no menos, como insiste el gobierno; Al legalizar construcciones ilegales y reducir la zona de servidumbre a proteger, la reforma desprotege la costa en lugar de ofrecer más protección;  
  • El proyecto de ley, promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no tiene en cuenta las recomendaciones para mejorar la protección del litoral, publicadas por la Agencia de Evaluación y Calidad, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; 
  • La ley es absolutamente irresponsable dada la alta vulnerabilidad del litoral español ante las consecuencias del cambio climático en el siglo XXI, identificadas por numerosos estudios científicos y la reconocidas por la propia Oficina de Cambio Climático del gobierno;  
  • El gobierno no ha sido transparente con la sociedad civil. En cambio, la cartografía y redacción detalladas del proyecto de ley ante el Congreso indican que es una ley hecha a medida para favorecer determinados intereses políticos, económicos y urbanísticos y se han favorecido deliberadamente estos intereses particulares en lugar de fomentar la transparencia y velar por el interés general. 

A su vez, la delegación de tres eurodiputadas ha expresado su indignación y asombro ante la reforma de la ley y la utilización interesada y parcial del "Informe Auken" en la Exposición de Motivos de la misma. 

Asimismo, el Comité ha indicado su preocupación por los siguientes puntos: 

  • La falta de racionalidad en la selección de las zonas a proteger en diez municipios específicos; 
  • La irresponsabilidad del gobierno ante las previsiones del cambio climático y el gasto adicional para los contribuyentes que supondrá proteger zonas urbanas en el litoral; 
  • La evidente movilización de intereses económicos ante la previsible aprobación de la nueva ley en los próximos días indica que ley no mejorará la protección de la costa, sino al revés; 
  • Al legitimar de manera retroactiva un modelo urbanístico insostenible, ilegal y antiestético, la nueva ley desincentiva el turismo de calidad que se pretende fomentar en España. 

En conclusión, el Comité ha invitado a las ONG a comparecer en una próxima sesión y, si la reforma de la ley se aprueba sin cambios sustanciales, solicitará una comparecencia de la Comisión Europea y las autoridades españolas para investigar los múltiples incumplimientos de derecho comunitario