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La renta agraria de los agricultores catalanes sufre un descenso del 43% desde el año 2001

El sindicato agrario denuncia que la caída de la renta agraria catalana "pone de manifiesto la política errónea de los sucesivos gobiernos"

22-08-2012 por Unió de Pagesos Unió de Pagesos advierte que la nueva caída de la renta de los agricultores catalanes en 2011 "pone de manifiesto la política agraria errónea de los sucesivos gobiernos". Durante el pasado año 2011 se produjo un descenso de la renta agraria de los productores de esta región del 4,9%, según los datos dados a conocer por la organización agraria: 1.606,07 millones de euros frente a 1.689,61 de 2010

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Unió de Pagesos de Cataluña ha hecho públicos el dato sobre la renta agraria catalana del año 2011 que, según el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (DAAM) fue de 1.606,07 millones de euros, un 4,9% inferior al del año 2010, que fue de 1.689,61 millones de euros. Esta nueva reducción, a pesar del incremento del valor de la producción ganadera, está causada por el encarecimiento de los costes de producción, especialmente por el incremento de los precios de la alimentación animal, de la energía, los carburantes y los fertilizantes y enmiendas. También ha hecho público que, en términos constantes, según el mismo DAAM y tomando como base 100 la renta agraria del año 2002, la renta agraria acumula en diez años, de 2002 a 2011, una caída del 35,1%. Si la referencia se toma sobre el año 2001 la caída acumulada en términos constantes, en base al deflactor del PIB, es del 43%.

 

El sindicato lamenta que Agricultura no haya dado a estos datos el relevo público que habría y considera que muestran claramente que la orientación de la política agraria catalana ha sido nefasta durante los últimos años. Una situación que tampoco ha corregido el actual Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que ha incumplido los acuerdos más relevantes del debate monográfico en el Pleno del Parlamento de Cataluña sobre el mundo agrario de abril de 2010, los cuales fueron de nuevo ratificados por unanimidad en varias ocasiones en los años 2011 y 2012 y que también formaron parte de los compromisos del discurso de investidura del Presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Unió de Pagesos recuerda que los grupos parlamentarios que aprobaron los presupuestos de la Generalitat para los años 2011 y 2012 consintieron, para las políticas agrarias catalanas, uno de los mayores recortes de su conjunto de políticas. Unió de Pagesos también denuncia que el Gobierno de la Generalitat sigue sin hacer efectiva la aportación íntegra que le corresponde del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Cataluña, que se cofinancia también con recursos europeos y estatales. Esto ha supuesto, hasta ahora, desaprovechar la parte de financiación europea del PDR, 79,3 millones de euros.

Con lo que la Unión Europea aporta, desde el año 2006, recortando progresivamente las ayudas directas a la renta de la Política Agraria Común (PAC), así como las ayudas de la Organización Común de Mercado de la viña y el vino, las cuantías ahorradas han asignado los presupuestos destinados al desarrollo rural, para impulsar la competitividad y la reestructuración del sector agrario europeo para hacer frente a los retos de la desprotección de los precios en origen y de la liberalización del comercio internacional de alimentos. Mientras que el campesinado europeo de otros Estados miembros, competidores directos de los catalanes, se va adaptando a los nuevos retos aprovechando eficazmente estos recursos europeos de desarrollo rural, en Cataluña los sucesivos gobiernos no los emplean, lo que conlleva que el campesinado profesional catalán lo pague cada año, desde 2006 a 2012, con el recorte en sus rentas.

Además, si no se invierten en ayudar al sector a afrontar los nuevos retos y normas europeos, estos recursos terminarán retornando a los países contribuyentes netos en la UE-27. De haber aprovechado los 79,3 millones de euros del cofinanciación europea, se habrían llevado a cabo medidas por 273 millones, ya que el Estado habría contribuido con 71 millones más, si la Generalitat hubiera destinado los 123 que le corresponden.

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