La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido por carta una reunión a María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo, para aportar documentación sobre la alta toxicidad que sufren en España las colonias de abejas melíferas por el uso y la falta de control de los insecticidas neurotóxicos, los denominados "neonicotiodes" (clotianidina, tiametoxam, fipronil y imidacloprid), moléculas autorizadas por la UE que se utilizan en el tratamiento de semillas y en numerosos cultivos para combatir plagas de forma puntual. Estos insecticidas dejan residuos en el néctar y en el polen de las flores de las semillas provocando efectos adversos en el sistema nervioso de las abejas, que pierden el sentido de la orientación y no pueden regresar al colmenar.

Recientes estudios científicos publicados por la revista Science, realizados en Francia e Inglaterra, (que se suman a los resultados de otros anteriores), avalan que la exposición de las abejas melíferas y de los insectos polinizadores a dosis no letales de insecticidas neonicotinoides causan una "mortandad tan elevada que podrían poner a la colonia en riesgo de colapsarse por no retornar las abejas pecoreas a la colmena", así como que en el caso de colonias de abejorros (Bombus terrestris) tuvieron un "crecimiento muy reducido de sus individuos y en la producción de nuevas reinas".

COAG ha exigido de forma reiterada al Ministerio de Agricultura la urgente aplicación de la Directiva 2010/UE, de 12 de marzo de 2010, que modifica el anexo I de la Directiva 91/414/CEE sobre disposiciones específicas relativas a la clotianidina, el tiametoxam, el fipronil y el imidacloprid, que obliga a los Estados miembros a "poner en marcha programas específicos de control para comprobar la exposición real de las abejas productoras de miel a estas sustancias activas en zonas comúnmente utilizadas por las abejas para libar o por apicultores". Su aplicación es fundamental en nuestro país al ser de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas que tienen competencias en esta materia.

En los últimos tres años, la Defensoría del Pueblo ha alertado al Congreso de los Diputados en su Informe Anual sobre los problemas causados a la apicultura por los insecticidas sistémicos. Las sugerencias enviadas al Ministerio de Agricultura, por el momento sin resolver, piden la revisión de las autorizaciones comerciales de estos insecticidas así como su prohibición para proteger a las abejas melíferas y los insectos polinizadores. "El Gobierno está obligado a tomar cartas en este asunto para una efectiva protección y conservación de los espacios naturales, flora y fauna. Sólo en la producción agraria, la polinización que garantizan las abejas melíferas superan los 3.000 millones de euros anuales. Además, realizan un servicio medioambiental y un bien público que no se puede poner en peligro por intereses privados o empresariales de multinacionales como Bayer, principal productora de estos insecticidas altamente tóxicos para los insectos polinizadores", ha apuntado Jose Luís González, responsable del sector apícola de COAG.