REDER considers inadmissible clipping by 17% budget of the CAP proposed by Van Rompuy
"That would condemn the Spanish and European rural environment to the lack of future widening the gap that already exists in relation to the urban"
The Estatal Network of Rural Development from Spain considers the measure proposed by the current president of the European Council as "nonsense come from the northern states of Europe, that expect the Mediterranean countries will be limited to offer sun and sand to holidaymakers." REDER also notes that Andalucía, Castilla-La Mancha and Galicia could lose their status as territories of convergence
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El recorte de la PAC en un 17% de sus fondos, como ha propuesto el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, es inasumible para la Red Estatal de Desarrollo Rural, REDER, ya que condenaría al medio rural español y europeo a la falta de futuro y a ensanchar la brecha que ya existe con respecto al medio urbano. Máxime cuando esta medida se acompañaría de una reducción de los fondos estructurales en un tercio y de la amenaza de congelar las ayudas regionales a los países con un déficit considerado excesivo. Asimismo, la propuesta del Ejecutivo comunitario incluye medidas difíciles de justificar, como la pérdida de la condición de territorio de convergencia para comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o Galicia.
Herman Achille Van Rompuy, actual y primer presidente del Consejo Europeo
La Red Estatal de Desarrollo Rural confía en que el Gobierno español, con el apoyo de la mayoría de países de la UE-27, consiga el rechazo a esta propuesta y que, al menos, se respete la propuesta de la Comisión y del Parlamento Europeo de congelar los fondos PAC para el periodo 2014-2020.
El cúmulo de despropósitos anunciado a finales de la semana pasada se fundamenta en la insolidaridad de una serie de países, capitaneados por Reino Unido y Alemania, a quienes interesa el mercado español, con el claro objetivo de que los países mediterráneos se limiten a ofrecer sol y playa, así como su gastronomía, que tanto valoran.
Con los cálculos iniciales realizados por los servicios técnicos de REDER, el presupuesto PAC se vería afectado en el ‘primer pilar’ de la PAC (las ayudas directas a explotaciones) en un 5,8% y en el ‘segundo pilar’ (destinado al desarrollo rural) en un 9,1%. Si a esto se suma la propuesta de alguna organización agraria de que se aplique la modulación inversa, hasta el 15%, el recorte para el segundo pilar podría alcanzar el 26%.
Esta estrategia sería doblemente errónea para España, que necesita con urgencia políticas activas que creen empleo y mejoren la competitividad, lo que vendría de la mano de los fondos del ‘segundo pilar’ y los fondos estructurales, en particular los destinados a la diversificación a través de LEADER.
Otro aspecto inadmisible para la red es que las regiones que salen de zona de convergencia no se declaren en Transición, cuando lo lógico es que, en las circunstancias extremas que atravesamos, se contemple esa disposición. Por otro lado, el porcentaje de cofinanciación debería subir al 90% para las regiones menos desarrolladas, al 75% para las de transición y al 65% para las de regiones en competitividad.
Los expertos coinciden en que la crisis se resuelve con políticas activas que exigen más inversión en condiciones más favorables. Toda vez que España está cumpliendo con todas las medidas de control del déficit exigido.
La experiencia que se está viviendo, en particular en Grecia y Portugal, es un rotundo fracaso, por lo que el rigor con el que se quiere atajar el déficit está demostrando que por sí solo hunde las economías nacionales y pone en serio peligro al euro y a la propia Unión.
Es el momento de denunciar que somos europeos, pero no de cuarta división. No es admisible que los acuerdos que se adoptan en el Consejo no se apliquen cuando no interesa Alemania o Finlandia, pero se adopten con gran rigor cuando les interesa a esos países.
Ha llegado el momento de que la UE, para serlo realmente, disponga de un presupuesto digno que permita construir Europa, obtenido a través de un impuesto directo a todos los ciudadanos europeos, que el Parlamento y el Consejo pueden decidir junto con el Gobierno independiente de la UE.