Boletín Agrario Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural

"Oceana muestra su indignación ante la reiterada negativa del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a facilitarle los informes que examinan las concentraciones de mercurio y otros metales pesados en el pescado que se comercializa y consume en España", denuncian desde esta organización conservacionista dedicada a velar por la "salud" de nuestros mares y océanos. Un litigio que comenzó hace varios años, cuando desde esta ONG se interpuso una demanda contra el entonces Ministerio de Medio Ambiente ante la negativa de éste de facilitar los resultados de los estudios elaborados por el Instituto Español de Oceanografía entre los años 2002 y 2005 sobre los índices de contaminación por mercurio en los productos pesqueros.

"Medio Ambiente pretende burlar la sentencia y requerimientos de la Audiencia Nacional al entregar incompleto y con un año de retraso el informe pedido por Oceana", denunciaban ayer en comunicado de prensa. La Audiencia Nacional falló a favor de Oceana en 2009 dictando la entrega de los estudios, conocida el 23 de diciembre de 2009, y que obliga al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a facilitar esta información a Oceana de acuerdo con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. La Audiencia Nacional reiteró esta obligación del Ministerio en diciembre de 2010. "Oceana llevaba demandando infructuosamente esta información desde 2007 y tras el fallo de la Audiencia ha seguido reclamándola al Ministerio".

Casi un año después del fallo, el 30 de noviembre de 2010, el Ministerio envió a Oceana un informe incompleto que, según esta organización, solo incluía especies pesqueras de pequeño tamaño. "A pesar de que el documento original constaba de varios tomos y cientos de folios, el Ministerio solo facilita un fragmento de 104 páginas en el que no aparecen especies como el pez espada, el marrajo o la tintorera. Este tipo de especies marinas, además de muy consumidas en España, son las que registran mayor bioacumulación de metales pesados", indica Oceana.

"La reiterada negativa del Ministerio a facilitar los informes sobre los niveles de metales pesados y arsénico presentes en el pescado comercializado en España nos lleva a pensar que estos datos deben ser extremadamente graves. Dada la toxicidad del mercurio, Oceana teme que existan riesgos reales para la salud", declara Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana Europa. "Por ello, exigimos que el Ministerio de Medio Ambiente entregue de inmediato el informe original, tal como dicta la Audiencia Nacional y en cumplimiento de la legislación vigente".

El Ministerio se defiende de las acusaciones

Desde el MARM se defienden de estas acusaciones, alegando que remitieron el pasado 23 de febrero a la Audiencia Nacional, en cumplimiento de la Providencia de 15 de diciembre de 2010, los informes en relación con el contencioso administrativo interpuesto por la Fundación Oceana. "En estos informes se incluye el estudio elaborado en 2001 por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) sobre la presencia de metales pesados en pescados y mariscos de interés comercial. El estudio se realizó sobre más de 50 especies en diferentes caladeros del mundo donde opera la flota pesquera española. Todas las muestras analizadas por el IEO fueron obtenidas en aguas internacionales, fuera de las 200 millas, donde el riesgo de contaminación por actividades humanas es menor. En 2002, este estudio fue ampliado a las especies marrajo, tiburón y pez espada", podemos leer en la nota de prensa publicada ayer desde el MARM.

El Ministerio alega también que "en España se aplica el modelo de la Unión Europea. Los ciudadanos reciben información tanto de los beneficios del consumo como de los riesgos de la ingesta de metales pesados, como el mercurio, a través del pescado". También recuerdan que esta información es facilitada por la EFSA. "Asimismo, el MARM colabora con la Agencias de Seguridad Alimentarias española y europea (AESAN y EFSA) y participa en los grupos de trabajo del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y Sanidad Animal, donde se fijan los contenidos máximos de los contaminantes en los alimentos".

El MARM recuerda también que las Autoridades Competentes en el control sanitario aseguran la presencia en el mercado sólo de aquellos productos que cumplen rigurosamente con los límites máximos establecidos en relación con la presencia de contaminantes, retirando aquellos que superen los mismos.

Existe una sentencia en firme

"La actitud del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino constituye un agravio al estado democrático de derecho, puesto que está obligado a acatar la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de acuerdo con nuestra Constitución y, de esta manera, respetar el derecho que tienen los ciudadanos de acceso a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas", señala Ana Barreira, Abogada de Oceana y Directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente.

"Los informes elaborados por el IEO para el Ministerio fueron realizados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado", subraya Xavier Pastor. "Los contribuyentes han financiado con sus impuestos un estudio sobre la contaminación por mercurio del pescado que consumen y, a pesar de que la ley garantiza la transparencia informativa en aspectos medioambientales, el Gobierno oculta datos que podrían revelar una amenaza seria para la salud de los ciudadanos".

La Fundación Oceana nos recuerda que el mercurio proviene de empresas contaminantes, como las fábricas de cloro que utilizan celdas de mercurio en sus procesos de producción y las centrales térmicas, "cuyos vertidos terminan en el mar y en el pescado". Los mayores niveles se dan en especies como los cetáceos, el pez espada o los tiburones, ya que estos depredadores se encuentran al final de la cadena alimentaria y van acumulando el mercurio presente en los organismos que ingieren. "En los últimos años, la presencia de altas concentraciones en determinadas especies ha motivado en algunos casos su retirada en mercados de otros países de la UE, por lo que los datos actuales seguramente sean superiores a los solicitados en su día por Oceana, que corresponden a 2002".