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El plan agrícola marroquí pone en ′jaque′ al sector español

Comunicado del AVA-ASAJA ante las ayudas públicas de Marruecos a su "expansión citrícola"

12-03-2010 por AVA-ASAJA Las ayudas públicas de Marruecos a la expansión citrícola (1.100 €/ha) agravan la competencia desleal. Ante esto, se critica la "pasividad y complicidad" del Gobierno y de la CE con el "Plan Verde" alauita, que potenciará con recursos europeos el "dumping" social y fitosanitario ya existente.

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El Gobierno marroquí aprobó en no­viem­b­re un pa­que­­­te de ayudas para incentivar la plantación de nuevas fincas citrícolas. Las na­ranjas y man­­­­­­darinas son de hecho y tras el olivar, el segundo gran objetivo del llamado "Plan verde", un macroproyecto con el que el Reino Alauita pretende reorientar la agricultura cerealista y ga­­­­nadera de bajos ren­di­mientos del país norteafricano hacia las frutas y horta­li­zas de re­ga­dío, que en breve podrían beneficiarse del nuevo acuerdo comercial con la UE.

El programa pues­to en marcha aspira a duplicar en 2020 la producción citrícola actual de Ma­rrue­cos, pa­ra lo cual se han aprobado incentivos como el pago de 1.070 euros por hectárea (12.000 dir­hams) de nueva plantación. "Si aquí ésos mil euros ya serían un apoyo importante, en Ma­rruecos son una fortuna. El Gobierno español no debería consentir que a sólo unos cente­na­res de ki­ló­metros de la Comunitat se pueda producir con fitosanitarios prohibidos en la UE, con costes sa­lariales 10 ve­ces más bajos, sin ninguna cortapisa medioambiental y ahora ade­más, con importantes ayudas públicas que, directa o indirectamente, estamos pagando los europeos", denuncia el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

Mientras en España el hundimiento de los precios ha provocado que la superficie citrícola comience a reducirse, en el país africano la expansión de este cultivo se ha ace­lerado. Si hasta 2008 el área de agrios cultivada, se­gún varios informes oficiales, crecía a razón de unas 2.000 ha anuales, en 2009 tal ci­fra se duplicó y se acercó a las 4.000. El Plan Verde de Marruecos ya en vigor ha su­puesto elevar la ayuda oficial ya existente desde los 695 €/ha (7.000 dirhams) a los ci­ta­dos 1.070 euros/ha (12.000), lo que contribuirá a alcanzar en menos de diez años una su­per­ficie citrícola global de 109.000 ha y una cosecha de 3,19 millones de toneladas

Pero los subsidios aprobados no acaban ahí: el Estado marroquí también fi­nan­cia entre el 10 y el 15% del presupuesto para la instalación de nuevas cámaras frigo­rí­fi­cas y almacenes de confección y las ayudas llegan hasta el 60% del coste si se trata de la aper­tura de pozos, equipos de riego, acondicionamiento de campos". Y como matiza Aguado, "casi todo "quedará en casa" porque la mayor parte de las ayudas serán para las tierras del propio monarca Mohamed VI o de los afectos al régimen".

El Plan Verde supondrá una inversión agraria de 13.365 millones de euros du­ran­te la próxima década pero buena parte de ellos procederá de in­cen­tivos y ayudas pú­bli­cas aportadas subreptIciamente por la UE. No en vano, entre 1995 y 2006 las ayudas eu­­­ropeas acumuladas por el país norteafricano ascendieron a 1.640 millones de euros, entre 2007 y 2010 llegarán a los 654 millones y entre 2011 y 2014 serán otros 776 mi­llo­nes. Pero las autoridades marroquíes pretenden llegar más lejos y en virtud de uno de los puntos del Estatuto Avanzado firmado recientemente con la UE, aspiran a que el Plan Verde sea directamente financiado por Bruselas.

Por todo ello AVA-ASAJA exige al Gobierno español que vete el acuerdo co­mer­cial ya suscrito por la Comisión Europea (CE) pero que aún debe de ser ratificado por el Par­la­mento y por el Consejo Europeo. "Antes de abrir las puertas de Europa, Es­paña debe asegurarse de que la competencia desleal que ya practican los exportadores hor­to­­frutícolas de Marruecos no vaya a más", advierte Aguado quien recuerda que hace po­cas semanas el Comité Económico y Social Europeo (CESE), representante con­sul­ti­vo de la sociedad civil europea, pidió "compensaciones" y "controles reales" de las im­por­taciones para atenuar los efectos destructivos de este acuerdo en los países pro­duc­to­res europeos del sur del Mediterráneo. "No sería comprensible que la sociedad euro­pea vaya por un camino y los políticos europeos por otro muy distinto o, ¿acaso hay un grave déficit democrático en esta construcción virtual que llamamos Unión Europea?", cuestiona Aguado.

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