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Agropolítica

La dudosa legítimidad del sistema de reparto de las ayudas PAC

Reportaje: Cómo se distribuyen las ayudas públicas en el Agro y quiénes son los grandes subvencionados por la Política Agraria Común en España

21-04-2013 por Alonso Aguilar El pasado 11 de abril el ministro Arias Cañete defendió en el Congreso el reparto de las ayudas agrícolas en España, afirmando que el 95% de los pagos no superan los 50.000 euros y que las ayudas benefician al profesional del campo. También calificó el hecho de que existan profundas desigualdades en el reparto de las ayudas como «tópico» e invitó a hacer una lectura «racional». Hagámosla.

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2ª parte

Como decía, las ayudas directas con cargo al FEAGA no son la única fuente de dinero público de la que beben los sedientos y necesitados agricultores y ganaderos reales, pero especialmente los otros, los que siempre tuvieron las alforjas llenas. Y además, como decía el ministro Cañete, para entender la realidad del asimétrico sistema de distribución de las ayudas PAC es necesario hacer una lectura racional, más allá de las frías estadísticas. 

El mundo real

Tomemos así como ejemplo el caso del primero del ránking en concepto de ayudas directas en España para el año 2011, que no es otro que Complejo Agrícola S.A..  Si no les suena este nombre tan impersonal quizá sí que conozcan a la «gaditana» familia Mora Figueoa Dómech y la finca de 12.000 hectáreas de regadío que tienen entre Vejer y Benalup/Casas Viejas. Resulta que tan inmenso potentado recibió en 2011, aparte de 3,7 millones de euros en ayudas directas, más de 400.000 euros procedentes de fondos FEADER ¡al desarrollo rural!  y un «pico» de 37.000 euros en otras ayudas FEAGA. Así este subvencionado recibió en total 4.195.076,93 euros procedentes de las arcas públicas. La cosecha anterior del 2010 tampoco le fue mal, obteniendo 4.122.742,91 euros.  Es decir, los Mora Figueroa Dómech recibieron por su «finquita» más de 8,3 millones de subvenciones públicas en apenas dos años, ahí es nada.

 
Obras públicas financiadas con fondos del AEPSA
• 23-12-2010   Ayto. Conil  

Obras de mejora y arreglo en diferentes calles de la localidad gaditana de Conil de la Frontera, financiadas en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Promoción Social Agraria (AEPSA). La provincia de Cádiz sufre un índice de desempleo inusitadamente elevado, especialmente si atendemos a su enorme potencial, a su diversidad natural y a su privilegada ubicación, foco del comercio internacional

Pero lo sangrante de este ejemplo es constatar que la provincia de Cádiz tiene un índice de desempleo superior al 40%, más cercano a la Franja de Gaza que a la Rioja. ¿Y saben los que tanto critican a los jornaleros ′subsididados′ con cuánto presupuesto contó el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2011 para toda la provincia de Cádiz? Pues no llegó a los 15 millones de euros. Un dinero destinado a pagar alrededor de 190.000 jornales que, recordemos, se emplean en todo caso para el Servicio Público. En cuatro años la citada finca agraria de Vejer recibe mas dinero público que los fondos del Profea (antiguo AEPSA, antes el PER) para toda su provincia en un año. Toma ya equidad. 

Pero esto no queda aquí, ojalá. Si nos desplazamos un poco al norte sin salir de Andalucía, hasta mi Sevilla, resulta que en 2011 un selecto y reducísimo clan de apenas 19 potentados (nada de Cooperativas ni de SATs) recibió en concepto de ayudas PAC la friolera de 22,46 millones de euros, destacando el caso de la alcoholera Alvinesa que, si en 2010 y aún con sede en Daimiel recibió más de 5 millones de subvenciones públicas, en 2011 y ya inscrita en Utrera se agenció nada menos que 6,894 millones de euros. Repitiendo el ejercicio comparativo con los fondos destinados a paliar la lacra del desempleo en las zonas rurales, en este caso sevillanas, resulta que Alvinesa percibió ella sola el equivalente a un 21,38% de todos los fondos Profea para Sevilla en 2011, que fueron de 32,24 millones de euros.

Podría seguir exponiendo ejemplos similares, pero estoy totalmente seguro que esta realidad no se le escapa ni mucho menos al ministro Cañete. Apostaría a que la conoce a la perfeccción. Y además, la polémica en el reparto de las ayudas PAC no sólo hace referencia a las pingües dádivas que reciben las grandes familias terratenientes. Hace un año la Unió de Llauradors denunciaba que un 53% de las ayudas destinadas a la agricultura  de la Comunitat Valenciana va a parar a manos de poco más de 400 grandes empresas. Destacable es el caso de Zumavesa, que aparece en el noveno puesto de los mayores beneficiarios de ayudas PAC en 2011 (primero no público), con nada  menos que 10,348 millones de euros.

Un sistema injusto más allá de los repartos

 
• Colectivos de Acción Solidaria  

El pasado mes de marzo EHNE Bizkaia denunciaba que al menos un 66% de los perceptores de ayudas PAC no obtienen más de un 25% de sus rentas de la actividad agraria, por lo que no son agricultores profesionales. El sindicato agrario destacaba un dato revelador: el número de perceptores de ayudas en Euskadi asciende a 11.161 personas, aunque sólo haya 3.400 baserritaras profesionales. En Navarra se reconocen 6.500 agricultores y el número de perceptores de ayudas es en este caso de 15.446 personas físicas o jurídicas. EHNE llamaba también la atención sobre el paulatino envejecimiento de los titulares de derechos: «Así no hay futuro», lamentaban. En este sentido, no son pocos los jóvenes agricultores que ven en el sistema de ayudas PAC un auténtico lastre a la hora de iniciarse en las actividades agroganaderas. 

Por no hablar de unas ayudas cada vez más desacopladas de la producción, que premian al que más tiene por hacer nada y que, en mi opinión, no hacen sino incrementar las incongruencias y debilidades del sistema de ayudas comunitario. «No tendrá en cuenta si se produce o no, ni cómo se produce. Se puede dar por hecho que el 70% del reparto será en base a la disposición de hectáreas», lamentaba EHNE en el comunicado citado anteriormente. Decía Arias Cañete en el debate parlamentario del 11 de abril que es imposible cambiar «gratuitamente» el modelo de reparto de ayudas comunitarias. Viendo las cifras que se barajan y la extrema seriedad del asunto en el momento en que bajamos al plano real, no creo que la del ministro fuese la mejor expresión, que de gratis nada. 

Alegato por un cambio real de la PAC

 

Si se pretende legitimar la PAC es necesario ligar las ayudas a la creación de empleo, a la producción sostenible de alimentos seguros y saludables,  a la conservación medioambiental y, esto es lo más interesante para la inmensa mayoria de los bolsillos de los agricultores profesionales españoles y europeos, que se establezca un tope máximo de ayudas no superior a los 100.000 euros (y sólo a quienes lo necesiten, que si alguien con miles de hectáreas no es capaz de rentabilizar una finca, que la devuelva). Verán entonces las OPAs cómo hay más dinero para repartir. 

Respecto al greening no tengo nada que decir, ya que no lo considero un problema, sino un requisito para legitimar el cobro de subvenciones públicas. Sí que entiendo que el debate debe centrarse en la aplicación y «convalidaciones» de estas políticas, pero no en su legitimidad.

Y para acabar quiero desmontar los dos falsos argumentos esgrimidos más indolentemente para ningunear la cuestión del ′capping′. En primer lugar el que apela a los intereses de cooperativas y figuras similares: No querrán decir que hay que medir con la misma vara a la COVAP  que al conde de Salvatierra, que sus destinos están encadenados, porque no me lo creo. Se legisla contemplando sus evidentes diferencias y asunto arreglado. Pero ojo al dato, que se legisle según el número de cooperativistas, que ya está bien de dejar resquicios para los que cuentan con los gestores más listos. 

Si alguien con miles de hectáreas no es capaz de rentabilizar una finca, que la devuelva.

Aunque sobre todo quiero denunciar una mentira mantenida durante demasiado tiempo: ¿Cómo que lo que se ahorraría con el capping es una cantidad despreciable? ¿Cuántas ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores, o al tan temido Segundo Pilar, se podrían gestionar con el excedente de uno sólo de los grandes beneficiarios de las ayudas? Pues a groso modo calculo que, con un tope de 100.000 euros, los 857,76 millones que cobraron en ayudas directas apenas 3.953 subvencionados en 2011, hubieran bajado a 395 millones. Que sí, que hay cooperativas, pero como planteé arriba también hay fondos FEADER y ayudas específicas. Y beneficiarios que no deberían serlo. A quien 462 millones de euros anuales le siga pareciendo poca cosa, recordarle que la partida para Comercio, Turismo y Pyme de los PGE 2013 es de 889,56 millones, mientras que la del Ministerio de Sanidad es incluso inferior a la cantidad que se hubiese ahorrado.

Lástima que en este sentido ni el Gobierno actual ni los anteriores sean tan radicales con lo del equilibrio presupuestario. Y que reconocidísimos «ultraliberales» tengan tan poco decoro como falta de necesidad a la hora de arrimar el morro para mamar de las ubres públicas, eso también da pena. 

¿Legitimidad social de la PAC es  darle más de 4 millones de euros al dueño de varios pueblos en la provincia más deprimida(*) de España? Por favor, que seremos unos tiesos pero no imbéciles. 

Y lo peor es que quienes más perjudicada ven su imagen pública por estas injustificables arbitrariedades son los agricultores de verdad, para los que en teoría se diseñó este sistema de ayudas europeo. ¿Que beneficia a los agricultores profesionales? No, si te parece que no lo haga. 

Alonso Aguilar

Director de Boletín Agrario

P.D: Ganaderos sin Tierra, que no me olvido de vosotros. Tomad Boletín Agrario como propio. Nuestras páginas están y estarán a vuestra disposición: «Siempre independiente, nunca imparcial».

(*) NOTA: Tiene guasa tener que llamar así na menos que a Cádi, ese vergel privilegiado que descubrió el mundo.

Fuentes: 

Todos los datos sobre ayudas agrícolas que se recogen en este reportaje se corresponden con lo publicado por el Fondo Español de Garantía Agraria

La lista de beneficiarios de ayudas procedentes de fondos del FEAGA y el FEADER es de carácter público por mandato legal y puede ser consultada aquí (a excepción de las personas físicas).

Los datos relativos al Profea 2011 pueden ser consultados en el portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas.

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