El Gobierno aprobó este jueves, 27 de septiembre, un decreto que básicamente establece como obligatoria la firma de un contrato homologado entre ganaderos e industrias lácteas, a partir del próximo 3 de octubre.

Esta obligatoriedad llega en un momento "muy malo" para los productores, con los precios de la leche en origen en niveles mínimos, alrededor de 0,28 €/litro, cuando la misma leche en Francia o en Alemania se está comprando hoy a 0,36 €/l, y teniendo en cuenta que los expertos coinciden en que el precio medio necesario para alcanzar un beneficio neto sería de 0,414 €.

UPA ha acusado a las industrias lácteas de querer aprovechar esos contratos para garantizarse precios bajos "durante los próximos tres meses o un año". El Real Decreto va a ocuparse de garantizar la recogida de la leche, la garantía de cobro y pago o la transparencia en las condiciones, entre otros temas, pero no establece mecanismos que permitan a los ganaderos obtener por su leche un precio que cubra los costes.

En opinión de Santalla, "firmar contratos en los que no somos capaces de influir en un elemento tan importante como el precio es un suicidio colectivo para las explotaciones lácteas". "Las industrias y la distribución imponen los precios del contrato. De hecho, el precio de agosto y de septiembre apenas va a registrar subidas y pretenden que en los próximos meses los contratos no registren subida de precios a los ganaderos", ha explicado.

"Los ganaderos a día de hoy no intervenimos en absoluto en el establecimiento de los precios de la leche", ha denunciado el secretario de Ganadería de UPA. La organización apuesta por tres elementos que deberían solucionar esta situación:

1. a través de una mesa de negociación política,
2. definiendo la figura del mediador previo a la firma de los contratos –fundamental, en su opinión-
3. y mediante un proceso de negociación colectiva en el seno de organizaciones de productores lácteos (OPL) fortalecidas.

Para UPA, "ninguna de estas premisas se cumple a día de hoy".

UPA, que se reunía ayer en Madrid con el Grupo Parlamentario Socialista para plantearle su visión del conflicto, ha pedido al Gobierno que convoque una mesa de seguimiento de inmediato y "no trate de ocultar su ausencia de propuestas para este grave problema mediante el establecimiento de convenios vacíos de contenido donde se creen falsas expectativas".