Boletín Agrario Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural

La sostenibilidad de las dehesas, un criterio para recibir ayudas PAC

La Escuela de Ingenieras Agrarias de la UEx estudia la sostenibilidad de los sistemas agroforestales españoles como criterio de condicionalidad para la obtención de ayudas PAC

Universidad de Extremadura

La dehesa aporta beneficios ambientales, económicos y sociales no reconocidos plenamente ni por el mercado ni por la Unión Europea. Un nuevo estudio, realizado por expertos de la Universidad de Extremadura (UEx), propone que la sostenibilidad de estas explotaciones agrosilvopastoriles constituya un criterio adicional en la percepción de ayudas en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

Las sucesivas reformas de la Política Agraria Común (PAC) han generado una desigual distribución de las ayudas que han ido en general hacia las explotaciones más intensivas en detrimento de aquellas con carácter más sostenible. Por ello, el objetivo de los investigadores de la Escuela de Ingenieras Agrarias de la UEx ha sido estudiar la sostenibilidad de los sistemas agroforestales españoles como criterio de condicionalidad para la obtención de subsidios en el marco de la PAC.

De acuerdo con las conclusiones del estudio, publicado en Ecological Economics, las explotaciones más diversificadas son las más sostenibles, y por ello, son las más idóneas para ser elegibles en un hipotético sistema de condicionalidad de las ayudas ligado a criterios de sostenibilidad.

En la actualidad, la condicionalidad de las ayudas de la PAC no hace referencia explícita a la sostenibilidad sino a los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que debe cumplir el agricultor para la percepción de los pagos directos.

dehesa

La metodología que ha permitido medir la sostenibilidad se basa en tres pilares: económico, medioambiental y social. Los atributos asociados a los tres criterios de sostenibilidad fueron a su vez cinco: adaptabilidad del sistema; autogestión o la capacidad para regular y controlar sus interacciones con el exterior; equidad social o capacidad del sistema para distribuir de manera justa los beneficios y costes; estabilidad y por último, productividad o rendimientos y ganancias.

Las explotaciones (ganaderas, agrarias y forestales) más diversificadas como la dehesa, son más sostenibles en función de los índices elaborados. Para los investigadores, estarían en la mejor posición. Los sistemas mixtos (vacuno-ovino-porcino) fueron los más rentables y sostenibles, presentan los indicadores económicos promedios más elevados, y también las mejores puntuaciones en cuanto a productividad, adaptabilidad, estabilidad y equidad.

Hacia la "cultura de los ingresos"

Según Juan Agustín Franco, investigador de la UEx, el propósito de la investigación es también promover el cambio de la "cultura de la subvención" a la "cultura de los ingresos", de iniciativa económica, es decir, se trataría de retribuir un servicio que la dehesa está aportando a la sociedad.

La mayoría de los expertos consideran la dehesa como un bien público ambiental de interés general, que se debe proteger y apoyar desde las instituciones europeas. Así, el estudio enumera los múltiples beneficios de la dehesa, "contribuye al desarrollo rural, previene el abandono de tierras, impulsa la protección de ecosistemas naturales, promueve la biodiversidad, contribuye a mejorar la gestión de recursos hídricos, mitiga el cambio climático por medio del control de los procesos erosivos, y permite la sostenibilidad del proceso productivo a largo plazo".

La propuesta de reforma de la PAC, publicada por la Comisión Europea en octubre de 2011, fija como objetivo a partir de 2013, "una gestión sostenible de los recursos naturales al fomentar prácticas productivas que garanticen y mejoren el suministro de bienes públicos ambientales y ayuden a paliar el cambio climático". La propuesta está siendo debatida en al actualidad en el seno de las instituciones comunitarias y se espera que la legislación resultante entre en vigor a partir del 1 de enero de 2014.